En Salta, ninguna norma jurídica prohíbe a los niños en edad escolar, así como tampoco a otras personas, asistir a las fiestas patronales. Quien desee honrar a un santo, o rendir tributo al diablo -en esto la igualdad es total- puede hacerlo tranquilamente, a condición, claro está, de que ninguna institución estatal le imponga hacer lo uno, dejar de hacer lo otro, o viceversa.
La compulsión estatal a las manifestaciones religiosas ha desaparecido, en teoría, después de que el pasado mes de diciembre el gobierno provincial se notificara de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que declaró fuera de la Constitución la forma en que las escuelas públicas de Salta impartían la religión a sus alumnos; una forma -para decirlo brevemente- muy poco respetuosa de la libertad de los niños y de las decisiones de sus padres.
Pero este pronunciamiento, que apunta a tutelar la libertad de las personas, no puede jamás ser interpretado en un sentido negatorio de la libertad que tiene cualquier persona de ir a las fiestas patronales (y las no patronales) que considere oportuno. Así como el ladrón a menudo cree que todos son de su condición, los enemigos de la libertad piensan generalmente que sus defensores son como ellos: unos castradores mentales de primer orden.
Lo que con buen criterio han decidido las maestras de Cerrillos es que las escuelas que dependen del gobierno no obligarán a sus alumnos a ir a las fiestas patronales del pueblo. No porque no quieran, sino más bien porque una decisión judicial lo impide. Sin embargo, a pesar de la evidente sensatez de la decisión de las docentes (en la que se advierte también un cierto miedo a meter la pata), no ha faltado quien haya querido ver en ella un ataque directo a su libertad.
Ha tenido que salir la ministra Analía Berruezo a aclarar algo que no era necesario aclarar: que a los niños en edad escolar no les está prohibido asistir a estas fiestas y quien quiera puede hacerlo, siguiendo los dictados de su conciencia. Lo que significa también que quien no quiera, no puede ser obligado a ello ni por la maestra, ni por la secretaria, ni por la celadora, ni por la directora, ni por el comisario.
Si quien pretende obligarlo es el cura, un diácono, una catequista o un activista del barrio, ya sabrá cada quien qué hacer. Lo que está claro es que la escuela pública como tal, y el Estado en general, no pueden obligar a nadie a rendir culto a un santo, así como tampoco -dicho sea de paso- pueden obligar a los niños a desfilar y a arrodillarse frente al Gobernador de la Provincia, como lamentablemente vemos en algunos actos oficiales en los que se reverencia a la autoridad sin ningún motivo.
La idolatría obligatoria, sea la que se profesa hacia la divinidad o hacia un líder providencial, no forma parte de la democracia y debe ser desterrada de nuestras prácticas cotidianas; especialmente de aquellas que algunos tienden a justificar en la acrítica repetición de las costumbres.
Por razones que son muy comprensibles, los niños no pueden ser obligados a desfilar con sus delantales blancos, a portar emblemas o a dar voces de mando. Aquel cuyos padres han matriculado a su hijo en un fortín gaucho, quizá quiera lucirse a lomos de un caballo, y está en todo su derecho. Pero es muy dudoso que sea bueno para la formación cívica y humana de nuestros infantes que alguien -aun contando con la voluntad de los padres- les calce el uniforme de policías y los haga desfilar como pequeños guardianes del orden y las buenas costumbres. Esas cosas suceden en China o en Camboya, en donde incluso no son bien vistas del todo, pero no deberían suceder en Salta.
El pastoreo, entendido como el cuidado vigilante y diligente de los fieles, así como su dirección y orientación, es algo que tienen que hacer los prelados, no el Estado. Y aunque en nuestra Provincia las dos esferas estén bastante confundidas y a menudo no se pueda distinguir con claridad dónde termina la una y empieza la otra, es conveniente acabar con los mercados cautivos de conciencias y dejar que los encargados de llevar las ovejas al redil hagan su trabajo sin la ayuda de la autoridad civil. Esta es la mejor forma de respetar la libertad de las personas y de asegurarse de que los prelados no se confundan y crean que su influencia se extiende a más almas de las que realmente están dispuestas a seguirlos, en libertad.
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