Si hay una clase de personas en el mundo que no se merece que se les cuelguen etiquetas de ninguna naturaleza y que no se los clasifique en función de su raza, esas personas son los niños.
Lo dice con bastante claridad el artículo 2.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño: «Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales».
Por esta razón, y por muchas otras que sería innecesario explicar aquí, no se entiende ni se justifica que el gobierno, junto con una consultora privada, haya puesto en práctica un proyecto vinculado a la nutrición de los «niños originarios». Así los llama en una comunicación oficial en la que aparecen los nombres de los ministros Roque Mascarello y Paula Bibini.
¡Atención! No se trata de negar de que haya niños en Salta que necesiten una asistencia especial del gobierno por causa de la deficiente nutrición que padecen. De lo que se trata es de no identificar ni reconducir los problemas de nutrición infantil con la pertenencia a una etnia determinada. No es la raza el desencadenante de la malnutrición. Los niños son niños y nada más que niños. No hay por qué clasificarlos en categorías como si fuesen insectos.
El nivel de racismo de la comunicación oficial del gobierno de Salta es alarmante, por cuanto en la misma información se dice que la asistencia nutricional a los así llamados «niños originarios» consiste en una «fórmula de leche» (y no en una leche) que «ya fue aprobada por varias comunidades».
Es decir, que frente al reto que para la salud pública supone la deficiente alimentación de los niños, la respuesta del gobierno consiste, primero en someter la «fórmula de leche» a la aprobación de las «comunidades» y recién después intervenir.
De nada o de poco vale lo que digan o hayan dicho los médicos, los nutricionistas y los científicos: si las «comunidades» (probablemente un consejo de ancianos o de chamanes la tribu) no aprueban la «fórmula mágica», los «niños originarios» seguirán condenados a chupar trozos de caña como única fuente de proteínas. Porque según el gobierno, los derechos unviersales de los niños dejan de funcionar allí donde topan con el derecho exorbitante de los pueblos indígenas a conservar su cultura.
Habría que preguntarse si la tan mentada «fórmula de leche» ha sido diseñada también específicamente para una raza determinada, o si un desnutrido pelirrojo de ojos color esmeralda también puede sacar provecho de sus milagrosas propiedades alimenticias.
Esta es la realidad social de Salta, desde la óptica del gobierno, para quien las personas no son iguales como lo establecen la Constitución y los tratados internacionales sobre Derechos Humanos. Las personas son lo que son -según el gobierno- de acuerdo a su ADN o al color de su piel, a su lugar de residencia, a sus costumbres y a sus hábitos alimenticios. Dependiendo de la categoría en la que uno encaje, así será la extensión de su derecho.
Con lo cual, habría que preguntarse en serio si la señora Bibini y el señor Mascarello son ministros de una república o emires de un califato hundido en la noche de los tiempos.
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