A pocos días del comienzo del año escolar 2018 en Salta, la iglesia católica local se prepara para hacer frente a los obligados cambios en la impartición de la enseñanza de religión en las escuelas públicas, impuestos por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de fecha 12 de diciembre de 2017.
A diferencia del gobierno provincial que, valiéndose de los instrumentos normativos que controla, ha intentado matizar el pronunciamiento judicial para enervar su eficacia, la jerarquía católica está demostrando una mayor disposición a cumplir con el mandato del supremo tribunal, en base a un pragmatismo que haría empalidecer a los más fundamentalistas del gobierno; entre ellos, al propio Gobernador de la Provincia y a su Ministra de Educación.
En efecto, la Iglesia ha expresado su disposición a adaptarse a la exigencia de que la enseñanza de religión, si es solicitada por los interesados, se imparta fuera del horario escolar y como un contenido ajeno al programa oficial de estudios. Y, por lo que se desprende de algunas informaciones periodísticas, encara el futuro con un optimismo que contrasta notablemente con el espíritu derrotista del gobierno.
En esta línea, los sacerdotes confían en la iniciativa de las familias y para ello han efectuado un llamamiento a los padres, para que soliciten a la escuela la enseñanza religiosa, lo que no solo es respetuoso del mandato judicial y de la cláusula constitucional que configura a este tipo de educación como un derecho subjetivo de los interesados, sino también confirma que no son ni el Estado ni el gobierno los que tienen que llevar la iniciativa en esta materia.
Aun es pronto para saber si esta nueva actitud de la jerarquía católica en relación con la enseñanza de la religión en las escuelas del Estado supondrá una disminución de la influencia del gobierno en asuntos espirituales, pero todo apunta a que el recobrado protagonismo de la Iglesia terminará despojando al gobierno de uno de sus instrumentos de control social favorito: el adoctrinamiento forzoso de los niños.
Las declaraciones del sacerdote Sergio Chauque invitan a pensar que la Iglesia ha tomado buena nota, tanto de las demandas sociales en materia de libertad religiosa como de la decisión del máximo tribunal de justicia del país, y está más dispuesta a cambiar y a aggiornarse que algunos talibanes del gobierno provincial.
Chauque habla de que la prohibición judicial de impartir enseñanza religiosa en el horario normal de clase supone «una revolución» y «una novedad» que su confesión interpreta como una oportunidad para cambiar el enfoque y avanzar hacia una enseñanza «más auténtica y más libre».
{articles tags="current" limit="3" ordering="random"}
{Antetitulo}
{link}{title limit="58"}{/link}
{created} - {cat_name} -