La decisión del gobernador Gerardo Morales de cobrar por las prestaciones sanitarias que en el futuro reciban los extranjeros en los hospitales y centros asistenciales públicos de su provincia ha levantado una oleada de opiniones, tanto a favor como en contra.
Como casi todos los debates que últimamente se entablan en la Argentina, el desatado en torno a esta espinosa cuestión es superficial y fragmentario. En buena medida, porque así conviene a los intereses del gobierno que intenta imponer el pago de las prestaciones médicas y farmacéuticas a las personas nacidas en otros países.
Y también le conviene a otros gobiernos -como el de Salta- que ha aprovechado el remolino para intentar convencer a los ciudadanos, con argumentos demagógicos más que con rigor jurídico, que una medida de tal calibre sería inconstitucional (en Salta) y que razones de índole normativo impiden que en esta Provincia los extranjeros sean objeto de un tratamiento económico diferencial cuando reciben asistencia sanitaria en los hospitales públicos. Lo cual, por supuesto, no es cierto, aunque de la cuestión constitucional me ocuparé en otro momento.
Independientemente de la cuestión humanitaria, que es fácil de enfocar y de defender con argumentos más o menos convincentes, lo primero que hay que preguntarse es por qué la Provincia de Jujuy no ha dado a conocer las cifras del gasto -supuestamente «extra»- en que incurre el sistema público de salud para atender a los extranjeros. Es decir, cuánto cuesta en plata atender a los extranjeros enfermos; un dato que inmediatamente conecta con otro que ha sido calculadamente silenciado: cuántos son los extranjeros que demandan atención en los hospitales públicos jujeños.
El segundo elemento a tener en cuenta es la calidad del servicio que prestan estos hospitales provinciales, pues aunque pudiera ser globalmente mejor a la de los hospitales fronterizos de los países vecinos, habría que preguntarse si esta calidad (en la que se incluye la dotación de los centros, la cualificación de sus recursos humanos y una cantidad bastante apreciable de factores) justifica que se cobre por estos servicios.
En tercer lugar hay que tener en cuenta, para que tengamos un debate sereno y huyamos de las histerias mediáticas e inmediatas, que el problema de la exclusión sanitaria no es un fenómeno que afecte solo a la Provincia de Jujuy, así como tampoco es una opción ideológica relacionada exclusivamente con el macrismo. Muy lejos de todo ello, la conversión de los hospitales públicos en auténticas fronteras interiores es un problema que afecta a muchos territorios -algunos bastante más avanzados que el nuestro- de los que convendría sacar algunas enseñanzas.
La primera, que la cuantificación es fundamental. Que debemos saber con razonable certeza no solamente cuántos extranjeros se hacen atender en los hospitales públicos de la Provincia de Jujuy, cuántos extranjeros residen legal o ilegalmente en el territorio servido por dichos hospitales, cuántos se desplazan a través de la frontera y cuántos lo hacen solamente para recibir atención en los hospitales.
A estos datos elementales se ha de sumar el cálculo de lo que cuesta al erario atender la salud de las personas extranjeras, por año, por cabeza y por edad, pero también en porcentaje del gasto sanitario público. Hay que reconocer que nada de esto ha hecho el gobierno del señor Gerardo Morales.
Si miramos esta cuestión a la luz de la experiencia de otros países, comprobaremos rápidamente que gran parte del gasto público que normalmente se asocia a las prestaciones sanitarias que reciben los extranjeros corresponde en realidad a costes fijos (infraestructura, equipamiento, personal, etcétera), que son totalmente independientes de que se atienda o no a este categoría de ciudadanos.
En términos generales, el impacto económico de la atención sanitaria de los extranjeros, tanto en Jujuy como en Salta, es muy reducido, pero el impacto negativo en la salud personal y la salud pública es, por el contrario, muy elevado. A menos, claro está, que el gobierno de Morales se avenga a reconocer que la organización y la capacidad de respuesta de sus hospitales está por debajo de los estándares aceptables y que por esa razón atender a los extranjeros les cuesta más dinero, como les cuesta más atender a los nacionales.
El cuarto factor que debemos considerar es el denominado «efecto llamada»; es decir, esa especie de contagio de la población extranjera, que por las facilidades de atención, por la gratuidad o por la calidad de los médicos, fluye en cantidades importantes hacia los hospitales de la Provincia de Jujuy.
Pero, según los datos de que se dispone, no se produce en el caso de Jujuy «efecto llamada» alguno, ya que los extranjeros que demandan atención en los hospitales locales son, generalmente, migrantes transfronterizos, que acuden muchas veces porque los hospitales de Jujuy se encuentran más cerca de su lugar de residencia que seducidos por otros factores.
En suma, que Morales -un supuesto experto en cifras- debería decirle a sus comprovincianos si el gasto que supone la atención de los extranjeros en los hospitales públicos de su provincia supera o no el 0,25% del gasto público sanitario total. En tal caso, tendría que decirnos inmediatamente qué medidas alternativas de reducción del gasto contempla su gobierno para evitar recortar unas prestaciones tan básicas como las que se vinculan con la salud de las personas.
Debe decir también el señor Morales si se propone cobrar en caso de urgencia por enfermedad grave, accidente (cualquiera sea su causa), a menores de 18 años, y a mujeres embarazadas la asistencia durante el embarazo, parto y posparto.
Lo que no parece admisible, desde ningún punto de vista, es que si el señor Morales tiene problemas para cuadrar las cuentas de su Administración, tenga que recortar el gasto en un área cuyo abandono produce no solo importantes problemas de orden socioeconómico sino un grave trastorno a la salud pública, puesto que si lo que pretende el Gobernador con su decisión es disuadir a los extranjeros (en su mayoría pobres) de acudir a los hospitales públicos, en poco tiempo la salud de los habitantes de la Provincia de Jujuy experimentará un deterioro apreciable. Piénsese solamente en la cantidad de personas que no recibirán las vacunas necesarias porque el Gobernador pretende cobrarles por el pinchazo.
Se debe de tener en cuenta, finalmente, que el sistema de asistencia sanitaria pública en la Provicia de Jujuy se financia con impuestos y no con cotizaciones de los trabajadores residentes. Es decir, es sufragado con unos impuestos satisfechos, en parte, por los extranjeros, cuando consumen en el territorio nacional, tienen en él rentas o bienes registrables sujetos a tributación o contribuyen de algún modo con la riqueza nacional. Por tanto, excluirlos de la asistencia sanitaria pública por el solo hecho de ser extranjeros y sin tener en cuenta su situación fiscal o laboral, es injusto y discriminatorio, máxime si se tiene en cuenta de que muchos de los excluidos, antes de entrar a la Argentina para hacerse atender en un hospital, lo que hacen es trabajar de forma clandestina para empresarios nacionales inescrupulosos que ni siquiera se preocupan por la atención de su salud.
Desde luego, erigir barreras geográficas, económicas y administrativas no es un gesto simpático hacia los nacionales de los países vecinos. Y de esto saben mucho los argentinos que son objeto de un tratamiento diferencial en algunos países limítrofes. Pagar con la misma moneda no es precisamente lo que se espera de nosotros, aunque sí tal vez del gobernador Morales, que ya con Milagro Sala demostró que se siente muy cómodo con el diente por diente.
Si hay bases económicas que justifiquen la decisión de excluir de la asistencia sanitaria a las personas extranjeras, convendría conocerlas, pero en detalle. Los problemas administrativos y de control que afectan al sistema público de salud jujeño no se pueden traducir en la exclusión de un derecho esencial como lo es el de la atención sanitaria.
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