La ONU acierta con Maduro, pero... ¿se equivoca con Milagro Sala?

Tras la enfática declaración del OHCHR (Working Group on Arbitrary Detention) de la ONU sobre Milagro Sala, que urge al Estado argentino a ponerla en libertad al calificar su detención como arbitraria, se ha conocido hoy una resolución del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, que califica duramente al régimen venezolano y le acusa de cometer torturas y emplear la fuerza de un modo generalizado y sistemático.

Siendo la autoridad de la ONU la misma, no es comprensible ni parece justificable que algunos animen a los organismos internacionales a actuar sin dilación en Venezuela y al mismo tiempo toleren que el Gobernador de la Provincia de Jujuy califique a dichos organismos como una «facción de burócratas».

La ONU y OEA o son organismos burocráticos o no lo son. Lo que no se puede hacer es aplaudir sus resoluciones y puntos de vista cuando coinciden con nuestra ideología, y negarse a cumplir sus mandatos cuando van en contra dicha ideología.

Si partimos de la base de que el diagnóstico del Alto Comisionado sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela es acertado y merece la atención de todo el mundo, ¿qué razón hay para pensar que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias se equivoca?

Ni la ONU ni la OEA han pedido la impunidad para Milagro Sala. La primera ha dicho con claridad que su detención ha sido «arbitraria» (es decir, no ajustada a la ley sino a la voluntad de los gobernantes) y la segunda ha dicho que su vida y su integridad física corren peligro y que, por tanto, el Estado argentino debe sustituir la prisión preventiva por otras medidas menos gravosas pero igualmente efectivas.

Ninguna de estas organizaciones internacionales ha dicho que Sala es inocente de los delitos que se le imputan. Para eso están los jueces de la Provincia de Jujuy. Pero para juzgar la arbitrariedad de una detención o el riesgo físico de una persona, para eso están el OHCHR y la CIDH. A eso se dedican, precisamente.

Que el Estado argentino, el presidente Macri y el gobernador Morales, se nieguen a cumplir las resoluciones no solo es una actitud temeraria sino potencial generadora de responsabilidad de la República Argentina por incumplimiento de sus obligaciones internacionales.