El preocupante cinismo del gobernador Gerardo Morales

Si la respuesta del Presidente de la Nación a la comunicación oficial efectuada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con el caso Milagro Sala fue pobre, excesivamente formal y carente de sentido, la reacción del gobierno de la Provincia de Jujuy, que se ha conocido hoy, ha dejado al Estado argentino y a la cultura jurídica de sus gobernantes en una situación francamente ridícula y comprometedora.

Según informa esta mañana la agencia oficial de noticias Télam, el gobierno provincial jujeño «se ha dado por enterado», a través de los medios de comunicación, del contenido de la resolución cautelar de la CIDH y frente a ella ha reaccionado con argumentos que hasta en la más benevolentes de las lecturas solo contribuyen a desdibujar la imagen internacional de la Argentina y a dejar en serio entredicho la formalidad de las instituciones jujeñas, así como el nivel de educación de sus más altos funcionarios.

El comunicado oficial del gobierno jujeño -según Télam- dice lo siguiente:

En dicha resolución se solicita al Estado Argentino que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de la señora Milagro Sala, sin hacer lugar al pedido de liberación efectuado por el CELS, Amnistía Internacional Argentina y ANDHES.

Sin perjuicio de que la resolución emitida por la CIDH, convalida la actuación de la justicia provincial con relación a la prisión preventiva, avocándose sólo a la situación de la integridad personal de la señora Sala por presuntos actos de hostigamiento en su contra, desde el Gobierno de la Provincia, en lo que es de su competencia reafirma su compromiso de garantizar la vida y la integridad personal de la señora Sala".

Aunque parezca un detalle sin importancia, el empleo incorrecto del verbo «avocar» deja por sí solo al desnudo la tremenda ignorancia jurídica de los máximos representantes del gobierno de Jujuy, con el gobernador Gerardo Morales a la cabeza. No hace falta ni siquiera decir que entre las competencias de la CIDH no se encuentra, de ningún modo, la posibilidad de «avocar» causa alguna; es decir, de atraer hacia sí la resolución de un asunto o causa cuya decisión correspondería a un órgano inferior. No existe en el presente caso relación jerárquica entre órganos y menos aún la posibilidad de que sea la CIDH la que «decida» o esté legitimada para decidir el asunto de Milagro Sala. No existe, por tanto, posibilidad alguna de avocación.

Si esta metedura de pata jurídica es grave, mucho más lo es haber escrito «avocar» cuando se pudo haber querido decir «abocar», un verbo de significado completamente diferente.

Pero dejando a un lado los detalles lingüísticos, el gobierno jujeño debería ser consciente -y parece que no lo es- de que la CIDH de ningún modo puede «hacer lugar a pedido de liberación alguno». La CIDH -a diferencia de la Corte Interamericana- carece de facultades jurisdiccionales; basta para darse cuenta de ello con leer el artículo 106 de la Carta de la OEA. Esta decisión -la de la liberación de la presa- depende única y exclusivamente de los órganos judiciales (provinciales o federales) que hayan decidido privar de su libertad a Milagro Sala.

En segundo lugar, en ninguna parte de la resolución de la CIDH se avala expresamente la prisión preventiva decidida por los jueces, como alegremente afirma el gobierno jujeño. Más bien se reconoce la existencia de tal prisión provisional como un hecho consumado (irrevisable por la Comisión) y no se la juzga de ninguna manera, por ser una cuestión exclusiva del derecho interno. Decir que la CIDH «convalida» la decisión cautelar de los tribunales jujeños es una exageración propia de la ignorancia de quien ha escrito el comunicado o una vulgar mentira con una clara intención de confundir a los ciudadanos.

Que la CIDH se ocupe de la «situación de la integridad personal» de la detenida es lógico y natural, pues es ese tipo de preocupaciones, precisamente, lo que justifica la existencia de la Comisión. Ahora que si la solución a este problema que ofrece la Provincia de Jujuy es una especie de «juramento solemne» de que garantizará la vida (es una auténtica barbaridad decir eso) y la integridad personal de Milagro Sala, estamos ante un ridículo de proporciones descomunales. Responder de esa manera eequivale a pasarse directamente por el arco de triunfo lo decidido por la CIDH, una falta de respeto absoluta a su alta autoridad.

El gobernador Gerardo Morales ha elegido voluntariamente quedar ante los organismos del sistema interamericano como un dictador ugandés más que como el mandatario democrático de una provincia argentina en la que impera el Estado de Derecho. Hasta Nicolás Maduro se ha visto en la obligación de atender a las presiones internacionales y debió liberar a Leopoldo López. ¿Quién es Morales para desoír a la CIDH?

Problema de él, desde luego. Pero no está demás recordar aquí que durante meses el gobernador jujeño se ha llenado la boca hablando de la separación de poderes y de la soberanía absoluta de los tribunales de su Provincia, y se ha visto obligado ahora a demostrar que todo es un paripé, un montaje, una gran mentira.

Lo que debe hacer el gobernador Morales -y más que él, el presidente Macri- es cumplir con el pedido de la CIDH en cuanto se refiere a la sustitución de la prisión preventiva por las medidas cautelares que se mencionan en el documento. No está en discusión si Milagro Sala se merece o no estar presa, si ha robado o ha dejado de hacerlo, ni tampoco si es kirchnerista, Robin Hood, hermana de la caridad o si su figura provoca simpatía o rechazo.

El caso es que a nadie en su sano juicio se le ocurriría responder a la resolución de la CIDH que «garantizará la vida de la rea», como si en la Argentina existiera la pena de muerte o se vivieran tiempos de falta absoluta de libertades. La CIDH y la mayoría de los ciudadanos argentinos dan por hecho que el gobierno jujeño no atentará contra la vida de Sala y que la protegerá de atentados que quieran cometer otros. Pero esta no es una elección del gobernador Morales, es una obligación ineludible, que de tan obvia que es sale sobrando en un documento oficial como el que ha suscrito el gobierno jujeño.

Si como consecuencia de esta vaga y defectuosa contestación, la CIDH resuelve seguir adelante con el procedimiento, aplica otras medidas contra la Argentina o decide llevarlo a la Corte Interamericana, es del caso suponer que el señor Morales tendrá el buen gusto y el decoro de renunciar al cargo que ocupa, si es que tiene un mínimo sentido de la decencia. Sería realmente escandaloso para los cientos de miles de ciudadanos honrados que habitan la Provincia de Jujuy mantener en el cargo a un gobernador sospechado de violar los derechos humanos por las más altas instancias internacionales que existen en nuestro continente.