El gobierno federal argentino ha respondido con prontitud a la medida cautelar dispuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el procedimiento abierto ante esa instancia internacional por la situación que afecta a la dirigente Milagro Sala, detenida en la Provincia de Jujuy, acusada de diversos delitos, pero cuya privación de libertad se ha producido por un hecho de escasa relevancia penal.
A pesar de la claridad del pronunciamiento de la CIDH, el gobierno de Mauricio Macri ha respondido en dos líneas, eludiendo su responsabilidad a la hora de garantizar los derechos fundamentales de la detenida y trasladando toda la responsabilidad en el asunto a las autoridades de la Provincia de Jujuy.
La comunicación del gobierno argentino dice textualmente lo siguiente: «Respecto a las medidas solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado Argentino, en relación con las condiciones de detención de la señora Milagro Sala -tendientes a garantizar su integridad personal-, el Gobierno Nacional comunicará dicha solicitud a las autoridades judiciales y administrativas de la Provincia de Jujuy para su conocimiento e intervención, en el marco del pleno respeto a la independencia de poderes y las autonomías provinciales».
Como Jefe del Estado argentino y su representante a todos los efectos ante los demás países y organismos internacionales, el Presidente de la Nación no puede escudarse en la estructura federal del Estado ni en la división de poderes para eludir la responsabilidad que le cabe en el cumplimiento de las normas internacionales sobre derechos humanos que vinculan a la Argentina.
Su deber no se limita a «dar traslado» de la petición a las «autoridades judiciales y administrativas de la Provincia de Jujuy» sino que se extiende a una serie de conductas encaminadas a cumplir efectivamente con la decisión de CIDH, como la de instar de forma urgente ante los tribunales competentes, a través del Procurador General de la Nación o a través de funcionarios del área de Derechos Humanos, alguna de las medidas solicitadas por la Comisión en su comunicación de fecha 27 de julio.
Milagro Sala no solo está sometida a proceso por la justicia provincial de Jujuy, y desde luego nada tienen que decidir sobre su situación procesal las «autoridades administrativas» de aquella provincia, ya que no se trata de un problema burocrático sino de un asunto grave relacionado con derechos fundamentales vulnerados. También está encausada por la justicia federal y el Presidente de la Nación, como jefe supremo de la Nación posee toda la autoridad y legitimación para comparecer ante los tribunales de cualquier territorio y orden jurisdiccional del país para solicitar las medidas adecuadas para que la República Argentina cumpla con sus obligaciones internacionales.
Si en las próximas horas Macri no rectifica y ordena a sus funcionarios o al Procurador General a que hagan lo que tienen que hacer para cumplir con la medida cautelar de la CIDH, la República Argentina se colocará en una situación insostenible de cara al cumplimiento de los Derechos Humanos.
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