Después de que un diario de Salta narrara con profusión de detalles la brutal operación policial desatada en una vivienda del barrio Juan Calchaqui de la capital salteña, los agentes del orden, heridos en su amor propio, han recurrido al mismo medio que los dejó por los suelos para que los ayude a defender lo que ellos consideran una exquisita regularidad en sus procedimientos. Los policías dicen, básicamente, que el allanamiento practicado en la mañana del Viernes Santo no tuvo nada de «erróneo», como afirma el primer reportaje del diario, y que, al contrario, fue «exitoso» porque con él se consiguió desbaratar a una peligrosa banda de ladrones.
Lo primero que salta a la vista es el concepto de «éxito» que maneja la Policía. Bastaría con pensar que las acciones que se realizan mediante el uso de la fuerza solo tienen justificación moral en la medida en que estén amparadas no solo en las leyes, sino también en el sentido común. Así, una de las medidas de fuerza más «exitosas» de la historia, en términos de objetivos cumplidos, fue el lanzamiento en 1945 de dos bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Una operación exitosa (logró que el Japón se rindiera), pero al mismo tiempo moralmente reprochable. Algo parecido se puede decir del «éxito» que alcanzaron los nazis con su política de exterminio masivo.
Si aplicáramos el mismo razonamiento de la Policía de Salta y compartiéramos su idea de lo que es el éxito, también deberíamos considerar «exitosas» a las confesiones arrancadas a los presos mediante tortura.
Yendo un poco más al fondo del asunto, habría que preguntarse en qué academia estudiaron nuestros policías y quiénes fueron los profesores que les enseñaron que un allanamiento alcanza el éxito cuando en la vivienda registrada no se encuentra absolutamente nada de lo que se había ido a buscar y el presunto delincuente detenido lo fue en una vivienda diferente.
Desde el punto de vista técnico, el allanamiento fue un completo fracaso. A lo que debe sumarse, sin dudas, el trato brutal prodigado por la policía a los moradores de la vivienda allanada, que es más grave en cuanto consta que los policías sabían que la hermana y el cuñado del presunto delincuente nada tenían que ver con las actividades de este último.
Una equivocación o un exceso de esta envergadura es suficiente para acabar con la carrera de cualquier policía; pero en Salta los policías -a imagen y semejanza del Gobernador- no solo son incapaces de hacer autocrítica, sino que defienden su actuación irregular como si se tratara de la acción heroica del sargento Cabral.
Que la Policía haya logrado -como dice- desbaratar a una banda de delincuentes, en nada mejora su hazaña. Se podría haber obtenido el mismo resultado fusilando a culpables e inocentes esa misma mañana. Muerto el perro, se acabó la rabia. Lo que se esperaba de la Policía es que hiciera su trabajo de forma quirúrgica; es decir, limpia, rápida, segura, precisa y efectiva. Y con un estricto apego a la ley, que les obliga a respetar la inocencia presunta de las personas, así como la dignidad de las personas que pudieran estar sospechadas de cometer delitos o estar sujetas a procesos penales.
Lamentablemente, el control judicial es insuficiente para prevenir o castigar estos excesos. La única solución -además de echar a la calle a los autores de tamañas violaciones a los derechos y libertades fundamentales de las personas- es cambiar a los profesores de la escuela en la que se forman los oficiales azules. Aunque poco se puede esperar de una institución, que con la protección de las más altas autoridades del Estado, tiene unos trescientos escuadrones de niños policías, calcados a los que había en la Italia fascista, cuyos derechos más más básicos no parecen importales ni a sus propios padres.