Demacrado, con los ojos hundidos y los labios tensos y temblorosos, Juan Manuel Urtubey compareció ante la prensa local la noche del 29 de julio de 2011. No era para menos, ya que horas antes de aquel encuentro Salta entera se sobresaltaba con la noticia del hallazgo, en la Quebrada de San Lorenzo, del cuerpo sin vida de dos jóvenes turistas de nacionalidad francesa.
En el curso de aquella conferencia de prensa, sin querer o queriéndolo, el gobernador Urtubey dijo con toda claridad que «iba a hablar con el juez de instrucción» para que cumpliera su deber de investigar el hecho hasta las últimas consecuencias.
Tiempo después, Urtubey juraría por lo más querido que nunca se puso en contacto con el mencionado juez, ni para pedirle que investigue, para sugerirle que no lo haga o para que dirija la investigación por determinados derroteros. Es extraño que, después de haberlo anunciado con tanta solemnidad, al final no lo hubiera hecho.
Ante las presiones internacionales y la insistencia de las familias de las víctimas, Urtubey intentó aparecer siempre como un campeón de la independencia del Poder Judicial, con los mismos argumentos y actitud flemática con que Gerardo Morales, Gobernador de Jujuy, pretende hacer creer que no tiene nada que ver con la detención de Milagro Sala. Ni Urtubey ni Morales no han podido convencer a los ciudadanos de lo que dicen.
No solo porque aquella noche de terror admitió todo lo contrario (es decir, que iba a hablar con el juez), sino muy especialmente porque su «pacto de no agresión» con el exgobernador Juan Carlos Romero, suscrito poco antes de que se escenificara en el Congreso Nacional la votación de la ley que autorizó el pago a los «buitres», trajo como consecuencia casi inmediata el archivo virtual de las causas judiciales con las que el gobierno de Urtubey llegó a acorralar a Romero, cuando la sintonía entre ambos no era tan fina como lo es ahora.
Que Urtubey no influye en las decisiones del Poder Judicial suena bien como poesía, pero en los hechos representa una gran mentira.
Tras el abrazo fraternal entre Urtubey y Romero, las causas penales que tenían a este último como sujeto encausado se han paralizado. Han desaparecido de la escena los fiscales y los jueces que consideraban que Romero era, al menos, prima facie, responsable de graves delitos en contra de la administración del Estado. Ha quedado en aguas de borraja el pedido de desafuero planteado de modo solemne por un Juez de Garantías y la fiscal que consiguió llevar el asunto hasta las proximidades del juicio oral ha quedado públicamente desautorizada.
Todo ello, sin contar con que el funcionario señalado por Romero como responsable presunto de su persecución judicial -el Procurador General de la Provincia- hoy se sienta a la derecha del altísimo, en las grandes mesas judiciales nacionales.
Es decir, que si Urtubey quisiera, así como mandó al congelador los asuntos que afectaban a su antiguo mentor político, podría tranquilamente poner en marcha la maquinaria fiscal y judicial para que se investiguen a fondo las responsabilidades en la violación y asesinato de Cassandre Bouvier y Houria Moumni. Y, de paso, que una autoridad imparcial y legítima investigue todas las circunstancias extrañas que rodearon fase sumaria del procedimiento, como las decisiones de la instrucción referidas al levantamiento de los cadáveres a oscuras, a la preservación «a la que te criaste» de la escena del crimen, a la desaparición de elementos de convicción (las muestras genéticas para contraanálisis), a la tortura de los imputados, a la aparición misteriosa de cartuchos servidos que fueron detectados a simple vista en un terreno impracticable, y toda una serie de irregularidades que anulan la seriedad de un procedimiento cuya inmaculada sujeción a la ley el gobierno defiende hoy con ferocidad maternal.
Al contrario, si Urtubey es -como él sostiene- totalmente ajeno a los procesos judiciales de los que hablamos, es de esperar que las causas contra Romero se reactiven y que se cumplan las decisiones de los fiscales y de los jueces que invirtieron tanto tiempo y recursos del Estado en averiguar la posible comisión de delitos durante el gobierno anterior.
Si en las próximas semanas los procesos judiciales contra Romero siguen durmiendo el juicio de los justos, no le quedará más remedio a Urtubey que levantar el teléfono para permitir que jueces y fiscales trabajen a fondo para llegar -como el mismo Gobernador anunció la noche del 29 de julio de 2011- «hasta las últimas consecuencias».
En cualquier otro caso, no habrá más remedio que pensar que el campeón de la independencia de los poderes del Estado está ocultando a los ciudadanos sus verdaderas influencias, por razones que solo él sabe con certeza, pero que muchos hoy son capaces de intuir sin hacer esfuerzos extraordinarios.