En un extenso documento fechado en París el pasado día viernes 17 de febrero, y dirigido a la Santa Sede, Jean-Michel Bouvier detalla prolijamente las vicisitudes de la investigación judicial y posterior juicio por los asesinatos de su hija Cassandre y de su amiga Houria Moumni, ocurridos en Salta en julio de 2011. En su escrito, Bouvier carga contra el juez de instrucción (hoy magistrado de la Sala I del Tribunal de Juicio) señor Martín Pérez, cuyo trabajo califica con duros términos. Bouvier responsabiliza a Pérez del fracaso del juzgamiento de 2014 e insinúa que el deficiente desempeño del magistrado permite hoy que los verdaderos asesinos de su hija y de su amiga se encuentren en libertad.
Con un lenguaje obsesivamente medido y consciente de la repercusión que sus palabras tienen en la Argentina, Bouvier califica de «decisión política» la sentencia pronunciada en febrero de 2016 por los jueces Luciano Martini y Rubén Eduardo Arias Nallar, que supuso cambiar la absolución resuelta en primera instancia a favor de Santos Clemente Vera por una durísima y súbita condena a reclusión perpetua.
«¿Cómo llegar a una conclusión tan diferente a la de 2014 sin que exista ningún elemento ni hecho nuevo de cargo?», se pregunta Bouvier.
El padre de una de las víctimas se muestra no obstante conforme con las decisiones judiciales -incluida la sentencia confirmatoria de la Corte de Justicia de Salta- pero solo en lo que se refiere a Vilte (absuelto) y a Lasi (condenado). Sin embargo, se manifiesta escandalizado por el impensable giro judicial que afecta a Vera.
Una desconfianza estructural hacia las instituciones de Salta
Bouvier afirma en su carta al Vaticano que no se ha hecho justicia con las dos jóvenes francesas violadas y asesinadas en Salta en julio de 2011.Achaca esta falta de justicia a la «incompetencia» de las autoridades salteñas, pero no descarta que también de que existan «razones oscuras» para ello. No duda en decir que las instituciones de la Provincia de Salta y los hombres que las dirigen son responsables de este enorme entuerto que «empaña la imagen de toda la Argentina».
Contradiciendo afirmaciones muy recientes del gobernador Urtubey, Bouvier afirma tener en su poder testimonios escritos (evidentemente no anónimos) que confieren verosimilitud a las versiones que circulan con insistencia en las redes sociales.
No obstante, dice Bouvier que no presentará estos documentos a las autoridades judiciales de Salta a menos que el gobierno provincial le dé garantías suficientes de su voluntad de esclarecer totalmente las circunstancias en que se produjeron los crímenes, así como de una decisión firme de castigar a quienes intentaron desviar la investigación judicial en 2011.
La decisión que reclama Bouvier es eminentemente política y debe partir del gobierno, a la mayor brevedad, y no de ninguna otra autoridad constituida.
Texto completo de la comunicación (*)
El siguiente es el texto del escrito dirigido por Bouvier a la Santa Sede.Asesinatos de Cassandre Bouvier y Houria Moumni
He elegido una aproximación cronológica para exponer mis principales objeciones sobre los hechos que se desarrollaron después del hallazgo de los cuerpos sin vida de Cassandre y Houria el viernes 29 de julio de 2011, cerca del mirador de la Quebrada de San Lorenzo.
Ellas me conducen a afirmar, aun hoy, que no se ha hecho justicia con estas dos jóvenes mujeres generosas, amantes de la libertad. Por incompetencia, pero también quizá por razones oscuras, las instituciones de la Provincia de Salta y los hombres que, ejerciendo su dirección, son responsables de este enorme lío que empaña la imagen de toda la Argentina.
La escena del crimen
El juez de instrucción Martín Pérez, sea por incompetencia, sea intencionadamente (sin dudas las dos), no tomó en su momento buenas decisiones para preservar, conforme a los estándares internacionales, la escena del crimen. No se ha empleado al máximo para recoger todos los indicios susceptibles de esclarecer los asesinatos y encontrar a sus autores... así como a sus eventuales cómplices.
El cuerpo de mi hija Cassandre fue hallado por un turista argentino poco antes de la caída de la noche. El de Houria fue encontrado seguidamente por los policías que se hicieron presentes en el lugar. El juez decidió proceder al levantamiento inmediato de los cuerpos, de noche, para llevarlos a la morgue de Salta. Las consecuencias de esta decisión han sido catastróficas ya que los bomberos debieron instalar una iluminación eléctrica provisoria: la escena del crimen fue pisada, y por tanto, contaminada por un número muy grande de personas. Los cuerpos debieron ser levantados al día siguiente.
A comienzos del mes de agosto, el juez me condujo a la escena del crimen. La misma estaba delimitada parcialmente, en su parte menos accidentada que comunica con el mirador. Estaba custodiada por tres o cuatro policías. En mi opinión, un habitante avezado del lugar podría acceder a él sin hacerse notar. Yo mismo podría haber plantado allí en ese momento proyectiles o ADN de un desconocido para el juez y para la policía.
La explotación de la escena del crimen
El juez Pérez ha cometido una falta grave al no tomar muestras del suelo sobre el que yacían los cuerpos.
Esta omisión es particularmente lamentable en el caso del cuerpo de Houria, que fue hallado con su cara contra el suelo y totalmente extendido. Los expertos argentinos y franceses coinciden en afirmar que Houria se hallaba de pie cuando el proyectil que la golpeó mortalmente atravesó su cuerpo. El forense francés ha probado, sin embargo, que Houria no murió inmediatamente: que se mantuvo con vida, consciente o no, durante al menos una hora o una hora y media. Durante ese tiempo Houria se desangra totalmente y su sangre fluye al suelo.
Una muestra del suelo debajo del cuerpo de Houria podría haber aportado la prueba de que el lugar del hallazgo del cuerpo se corresponde también con el lugar de su muerte. La negligencia culpable del juez tendrá para él la ventaja de hacer difícil el cuestionamiento del postulado sobre el que funda toda su investigación y toda su acusación: el de que el lugar del crimen es el mismo que el lugar en donde los cuerpos fueron hallados.
El proyectil que ha matado a Cassandre es un calibre 22 hallado en su cabeza; el proyectil penetra sin salir. Los expertos balísticos han demostrado que el arma que disparó este proyectil pertenecía al padre de Gustavo Lasi, uno de los tres responsables señalados por el juez. Ningún proyectil se halló en el cuerpo de Houria.
El juez pidió que el perímetro de la escena del crimen fuese examinado de manera muy detallada para encontrar nuevos proyectiles. El Ejército Argentino proporcionó el material adecuado para la detección de metales a la policía, que no disponía de él. Pero la policía no tuvo éxito al intentar hacerlo funcionar, renunciando también a solicitar la ayuda técnica del Ejército, sin dudas por temor al ridículo.
En estas condiciones rocambolescas, dos proyectiles correspondientes a una misma arma serían hallados posteriormente en dos fechas diferentes.
Las pruebas contra Daniel Vilte, Clemente Vera y Gustavo Lasi
Hoy en día, la policía y la justicia deben fundar sus acusaciones principalmente en pruebas científicas difícilmente contestables por los abogados de los acusados. Los testimonios tienen un peso menor: ellos deben ser tomados con mucha cautela, a menos que se orienten a consolidar un hecho científico.
La policía debe renunciar a la cultura de las confesiones obtenidas a cualquier precio. La tortura, tanto física como psicológica, no es digna de un Estado de Derecho. La policía no debe manipular para inculpar a un acusado.
En lo que se refiere al análisis de las muestras de ADN identificados, tanto los expertos argentinos como los franceses, no han podido incriminar a Vilte. Por el contrario, ellos han reconocido el ADN nuclear de Lasi.
Sus opiniones discrepan en relación con Vera. El primer experto argentino requerido encontró el ADN de Vera. La prueba, sin embargo, está lejos de ser irrefutable por dos razones:
- El experto ha recurrido a una técnica (la mezcla de muestras o «pool») cuyo valor probatorio no es reconocido por los tribunales de numerosos países (Francia, Alemania, Gran Bretaña, etc.);
- Él encontró una correspondencia con el ADN mitocondrial de Vera (para decirlo en términos simples, la certeza de que se trate de Vera es mucho más imprecisa que si se tratara de su ADN nuclear; una población mucho más numerosa que si se tratara del ADN nuclear comparte esta firma con Vera).
Son circunstancias que agravan este primer estudio pericial el hecho de que el experto francés y un segundo experto argentino requerido por los abogados de Vera no encuentran su ADN.
Hay que destacar que el experto francés encuentra varios ADN no identificados, que conducen a pensar que personas que todavía son desconocidas estaban con Lasi en el momento de la violación y asesinato de Cassandre y Houria.
Las evidencias de cargo contra Gustavo Lasi son por el contrario abrumadoras e indiscutibles: el arma que mató a Cassandre pertenece a su padre, el ADN reconocido por los expertos, a lo que se debe sumar el teléfono y la cámara fotográfica de Houria, que fueron hallados en la casa de su novia.
En lo que concierne a Vera, la justicia de Salta no tiene ninguna legitimidad para quedarse con las conclusiones de un estudio pericial y desechar los otros dos. La duda debe beneficiar al acusado. Hay que señalar una vez más el comportamiento sospechoso del juez Pérez: él ha escondido el resultado de las contrapruebas a las partes civiles personadas como acusación particular y se ha negado a unir la totalidad de los estudios periciales franceses a su expediente de instrucción. El otro motivo que conduce al juez a incriminar a Vera es que este no tiene una coartada indiscutible para el momento presunto de la comisión de los crímenes. En Francia, una coartada perfecta es considerada como la marca indeleble de un asesino real.
Para incriminar a Vilte, el juez se ha valido de apreciaciones subjetivas contrarias al derecho de defensa del reo. Acusa a Vilte de ser propietario de un arma descubierta en el marco de una investigación sobre robo, instruida por otro juez. Es verdad que esta arma ha disparado dos proyectiles que fueron hallados en la esecena del crimen. El arma y el primero de los dos proyectiles fueron hallados por el mismo policía, sin testigos (el mismo policía estuvo presente en el hallazgo del segundo proyectil, como si hubiera dejado que el descubrimiento lo efectuara un colega) y mucho tiempo después del perimetrado del terreno. El juez encuentra testigos para dar por acreditada una venta de arma por Vilte en julio de 2011. Todo esto es demasiado bello para ser verdad.
Tengamos en cuenta que Lasi solo reconocerá ser el autor de las violaciones cuando se anoticia del hallazgo de su ADN en la escena del crimen. Para defenderse de la acusación, además de señalar a Vilte y a Vera como los asesinos, dice haber sido obligado por estos a violar. Vilte y Vera han mantenido una gran constancia en su defensa: ellos claman por su inocencia. Lasi, por el contrario, modifica su defensa cada vez que se encuentra delante de una prueba incontestable.
El juez Pérez, a pesar de la personalidad conflictiva de Lasi, no duda jamás de él cuando acusa a Vilte y a Vera.
El «juicio oral» de 2014
Volví a Salta en marzo de 2014 con dos esperanzas: una, conocer toda la verdad sobre las condiciones reales de la muerte de Cassandre y Houria; otra, escapar a un simulacro de proceso y a la condena de personas contra las cuales no existe ninguna prueba de cargo seria.
Los tres jueces que han dirigido el proceso hasta comienzos del mes de mayo lo hicieron con una autoridad y un profesionalismo que merecen ser destacados. Ellos rápidamente unieron al expediente acusador el conjunto de los estudios periciales franceses. Ellos nos han permitido sacar a la luz los métodos de un gran número de policías orientados a arrancar confesiones por tortura y por manipulación. Sobre este último punto, los tres jueces han mostrado el papel más que equívoco de un policía en el hallazgo, sin testigos, del arma atribuida por el juez de instrucción a Vilte, y más tarde, de un primer proyectil relacionado (¿Iniciativa personal? Es razonable dudarlo). Los jueces han colocado los testimonios que se encargaron de justificar la venta por Vilte de un arma después del 15 de julio de 2011 frente a sus contradicciones e incoherencias. Ellos mismos se han encargado de hacer confesar a los policías de San Lorenzo que nunca vieron a los tres acusados juntos. El juez Pérez se encargó de hacer pasar a los acusados como el retrato de una pequeña banda de delincuentes alcoholizados.
En estas condiciones, el veredicto estuvo técnicamente fundado y totalmente justificado: absolución para Vilte, beneficio de la duda para Vera y condena a 35 años para Lasi.
Sin embargo, he lamentado la ausencia de una decisión que habría tomado un tribunal francés si los crímenes hubieran tenido lugar en mi país: la suspensión del proceso y el requerimiento de una instrucción suplementaria. La investigación habría sido confiada así a un nuevo juez de instrucción. Solo los ADN no identificados habrían justificado esta decisión.
Las decisiones judiciales de 2016
En apelación, fueron designados tres jueces. Por una razón desconcida y que sigue siendo asombrosa para mí, solo dos han firmado la resolución: confirmación de la absolución de Vilte, condena de Lasi a prisión perpetua, en vez de los 35 años pronunciados en 2014; idéntica condena para Vera. La Corte de Justicia de Salta seguidamente ha confirmado esta decisión en apelación.
Estoy satisfecho con estas decisiones en lo que concierne a Vilte y a Lasi.
Por el contrario, estoy escandalizado por las decisiones que afectan a Vera.
¿Cómo llegar a una conclusión tan diferente a la de 2014 sin que exista ningún elemento ni hecho nuevo de cargo?
Se trata claramente de decisiones de naturaleza política enderezadas a borrar la conclusión implícita del veredicto de 2014: de tres acusados, Lasi es el único declarado culpable. Como es totalmente improbable que un solo hombre haya podido violar y asesinar a dos jóvenes mujeres determinadas y deportivas, el o los cómplices de Lasi se encuentran en libertad, y esta es una razón suplementaria para reanudar las investigaciones.
Con dos condenados, ¡las razones para retomar la investigación desaparecerían! Pero la maniobra está condenada al fracaso en tanto que los ADN no identificados mostrarán que las investigaciones sesgadas del juez Pérez han sido una farsa. Si las autoridades de Salta tuvieran la voluntad, sería ya posible utilizar estos ADN para trazar el retrato robot de sus propietarios y, sobre estas bases, orientar nuevas pesquisas.
En fin, que los abogados de Vera y Lasi intentarán que la Corte Suprema de Justicia argentina escuche sus razones.
Para concluir, diría que en este asunto la provincia de Salta ha querido encontrar rápidamente a los culpables y por esta razón ha perdido la serenidad debida en la búsqueda de la verdad. La preparación de la cumbre del G20 programada en la ciudad de Cannes los días 3 y 4 de noviembre de 2011 ha permitido el encuentro de la presidente Cristina Kirchner con el presidente Nicolas Sarkozy en el palacio del Elíseo, el 14 de septiembre de aquel año. En aquella ocasión, la presidente argentina le entregó al presidente francés un informe elaborado unos días antes por el juez Pérez, en el que señalaba sin ambigüedad a Vilte, Vera y Lasi como los culpables declarados de los asesinatos de Cassandre y Houria. El escaso tiempo que llevó la investigación (justo un mes) constituye por sí solo la prueba de que el asunto estuvo en manos de un juez como mínimo incompetente y muy presionado para concluir su expediente. Podría decir más cosas sobre este asunto, pero por ahora prefiero contenerme.
En este contexto, las vidas de Vilte y de Vera son de poca importancia para las autoridades provinciales, que tienen la costumbre de la endogamia y de la defensa prioritaria de sus privilegios.
Comprendo a los que, en Salta y en otros lugares, hablan de la posibilidad de que las autoridades locales estén protegiendo a los verdaderos cómplices de Lasi, porque estarían cerca de ellos. Dispongo de testimonios escritos que van en esta dirección.
Yo entregaré estos elementos a la justicia cuando las autoridades de Salta me den las garantías de su voluntad de esclarecer totalmente las condiciones reales de los crímenes y de castigar a los autores de las graves violaciones que se cometieron en el curso de la investigación llevada a cabo en agosto de 2011.
Firmado: Jean-Michel Bouvier
París, a 17 de febrero de 2017
(*) Traducción libre de Iruya.com