
A pesar de que su rodaje data de hace bastante tiempo y que su emisión original en el programa 66 Minutos levantó en su día auténticas olas de indignación con los responsables del desvío de la investigación, así como de solidaridad con las víctimas, el tardío conocimiento en Salta del documental ha provocado un auténtico terremoto en el seno del poder local.
Periodistas independientes de Salta y de otros puntos del planeta denuncian una «operación mafiosa» encaminada a que los medios de comunicación que reciben dinero del gobierno provincial censuren el documental y eviten su difusión. Los pocos medios que se atrevieron a publicarlo, lo suprimieron a las pocas horas, sin dar mayores explicaciones, en una clara demostración de su permeabilidad a presiones de grupos poderosos, que algunos sitúan en cercanías del gobierno provincial.
La difusión del documental fue precedida, no obstante, de una noticia de enorme trascendencia: el envío de la carta anónima escrita por una presunta testigo indirecta de los hechos a la justicia francesa. La entrega de la pieza de convicción fue concretada a finales del pasado mes de enero por el periodista Jean-Charles Chatard. En su escrito dirigido a la juez de instrucción, el periodista llama no solamente a abrir una línea de investigación sobre los hechos relatados en la misiva, sino que también anima al parquet de París a identificar los perfiles de ADN huérfanos hallados por los genetistas franceses y que nunca fueron objeto de estudio por peritos en ninguno de los dos países. Cualquiera sea la decisión de la justicia francesa en este aspecto, su repercusión en Salta será inmediata.
El giro del asunto ha puesto los nervios de punta a alguna gente en Salta y no se ha tenido que esperar mucho para que aparecieran las primeras reacciones. La sola posibilidad de que la versión alternativa del crimen (la famosa hipótesis de «los hijos del poder») tenga rostro, nombres, apellidos y domicilios, ha encendido todas las luces de alerta. Y no precisamente para bien.
Bouvier vuelve al ruedo
Como no podría ser de otro modo, este revuelo ha llegado a oídos de Jean-Michel Bouvier, el padre de Cassandre, quien desde hace casi un año mantiene una especie de silencio monacal, que algunos atribuyen a una prematura derrota; otros a un pacto con el gobierno de Salta y con el aparato judicial, y otros, finalmente, a un cuidadoso cálculo estratégico.En una comunicación privada que el propio Bouvier ha autorizado a hacer pública, el padre coraje francés admite «conocer ampliamente» a la autora de la supuesta carta anónima. En esta comunicación, el padre reconoce que sabe el nombre y la dirección de esta persona y que fue ella misma quien aceptó -a pedido suyo- poner por escrito los hechos relatados en la famosa carta, que Bouvier conserva consigo en París.
Según la comunicación a la que aludimos, la autora del manuscrito no desea declarar como testigo a cara descubierta frente a la justicia de Salta, porque teme por su seguridad y la de sus más próximos.
Bouvier admite no haber dado a conocer hasta ahora el contenido de la carta por dos razones: la primera, porque considera inadmisible poner en peligro a alguien que se siente amenazado si su identidad es desvelada; la segunda, porque esta persona aporta un testimonio indirecto de los hechos, ya que hace referencia a lo que habrían visto y oído directamente dos amigas suyas (una de ellas, empleada de la Legislatura provincial).
Una desconfianza de alcance internacional
La comunicación de Bouvier concluye diciendo textualmente lo siguiente: «Si el Gobernador de Salta y el presidente de la Corte de Justicia tienen por primera preocupación la de echar toda la luz sobre las condiciones reales de los asesinatos de Cassandre y Houria (cosa de la que dudo mucho), es a ellos a quienes corresponde hacer los gestos y adoptar las decisiones que puedan llevar a esta joven a testificar a cara descubierta, sin temor por su seguridad física o financiera».De lo que se deduce sin esfuerzo que si en todo este tiempo Bouvier no ha jugado la baza de la carta, ello se debe a la profunda desconfianza que el hombre tiene hacia el gobernador Urtubey y hacia el sistema judicial salteño, a quienes juzga, en principio y salvo prueba en contrario, incapaces de garantizar una protección adecuada para una testigo clave.