En menos de un mes, los tribunales de justicia de la Provincia de Salta han pronunciado dos condenas por delitos de tortura. Entre las dos sentencias -dictadas por tribunales penales de diferente jurisdicción territorial- suman 92 años de prisión para 10 acusados. Un promedio de 9,2 años de prisión para cada uno.
En contraste, uno solo de los tribunales juzgadores ha pronunciado una condena civil contra el Estado provincial: La Sala III del Tribunal de Juicio de Salta ordena al gobierno resarcir a una de las víctimas con la cantidad de 110.000 pesos (unos 6.800 euros).
Dejando a un lado el hecho de las diferentes varas de medir de una justicia que considera que un torturador debe ser castigado con la misma pena que aquel que instiga a otros a cometer el delito, lo llamativo del asunto es el contraste tan nítido entre las duras penas impuestas a los acusados (nueve de ellos, policías) y la escasa cuantía de la condena civil de daños que debe pagar el Estado.
Tal parece que en Salta la responsabilidad civil se juzga más por la cara del cliente que por la gravedad o entidad de los daños causados, ya que es obvio que el tribunal juzgador ha establecido tan exigua cantidad de condena atendiendo a la bien publicitada «crisis financiera» del Estado provincial. Es decir, que de algún modo le ha perdonado la vida al tesoro público, como ya hizo con anterioridad en el famoso caso de Vanina Yapura Alderete.
La cantidad condenada es francamente llamativa si se tiene en cuenta que entre los criterios legales para establecer la extensión de la reparación pecuniaria de las consecuencias de un delito se cuenta la capacidad económica del obligado. En este caso, con o sin crisis financiera, el Estado provincial es probablemente el sujeto de derecho más solvente de todo el territorio.
¿A cuento de qué entonces se castiga con elevadas penas de prisión a empresarios y policías y se deja virtualmente que el Estado se vaya «de rositas»? ¿Es razonable que el Estado, que debe garantizar que la actuación de la Policía esté sujeta al principio de legalidad y que omite controlarlos, deba pagar una indemnización tan baja mientras que a los policías se les ha impuesto penas tan altas?
Lamentablemente no se puede, por ahora, ahondar más en el asunto, porque en el mundo hay muy pocos países en los que sus tribunales se animen a perseguir el delito de torturas. Es difícil rastrear, en poco tiempo, precedentes judiciales de casos en que un tribunal nacional haya condenado al propio Estado al que pertenece a pagar reparaciones económicas a las víctimas de torturas.
Visto desde este ángulo, la decisión del Tribunal de Juicio de Salta es valiente pero se podría decir también que casi inevitable. Porque el mismo Estado que crea las condiciones para la comisión del delito y renuncia a tomar las medidas oportunas para evitarlo debe, sin dudas, cargar con las consecuencias. Pero de allí a considerar que esta responsabilidad se limita a 110.000 pesos hay todo un mundo.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos
En octubre de 2014, el TEDH dictó dos sentencias contra España en los casos de Beatriz Etxebarría Caballero y Oihan Unai Ataun Rojo, miembro de ETA en prisión y de Segi en libertad, respectivamente, que presentaron denuncias por torturas y malos tratos tras ser detenidos. En esos fallos se impusieron indemnizaciones por 53.000 euros en total.Al día de hoy, España suma cinco condenas del Tribunal Europeo por motivos similares desde 2010.
El Estado español fue condenado entonces a pagar a Extebarría 29.000 euros, de los cuales 25.000 son por daño moral y 4.000 por gastos procesales. En el caso de Ataun la indemnización fijada por el TEDH fue de 24.000 euros.
Si bien se trata de pronunciamientos aislados, convendría preguntarse ahora mismo por qué motivo la indemnización por el mismo delito, que debe satisfacer el Estado salteño, es hasta cuatro veces inferior. Es decir, si vale menos la dignidad de un preso detenido en el patio de la Comisaría de General Güemes que la de un etarra en un cuartel de la Guardia Civil de País Vasco.