Por razones bastante fáciles de comprender, el antiguo vocablo griego academia no goza de una gran popularidad en el seno de la comunidad universitaria en general.
Entre nosotros, se tiende a identificar las academias con los cursos de poca monta, de duración muy breve, dictados por personas poco cualificadas y en relación con materias y oficios de escasa importancia: una academia de mecanografía o una academia de corte y confección.
Pero si algo como esto sucede con el sustantivo, otro trato muy diferente es el dispensado, por la misma comunidad universitaria, al adjetivo académico, del que algunos parecen muy orgullosos, en tanto califica, en apariencia, una realidad de más alto rango o consideración social.
Y como la comunicación oficial del gobierno de Salta no anda sobrada de recursos lingüísticos precisamente, en su incesante búsqueda de eufemismos y expresiones genéricas equivalentes, hoy ha escrito lo siguiente:
«La ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Graciela Pinal de Cid, mantuvo una reunión con el decano de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Salta, Pedro Romagnoli, y Manuel Zambrano Echenique, jefe de Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de Salta. La actividad tuvo como objetivo dialogar sobre la propuesta de dictar en las academias de estudio, diplomaturas sobre temas específicos dirigidas a actores del sector productivo en la provincia de Salta».
Si lo que se buscaba era no volver a utilizar el sustantivo universidad, para evitar su repetición en el mismo párrafo, bastaba con referirse a ellas como «centros de altos estudios» y no -infelizmente- como «academias».
La autonomía universitaria en entredicho
Del título de la noticia (‘Coordinan acciones para el lanzamiento de diplomaturas para el sector productivo’) se deduce la idea de que el gobierno, por su propia iniciativa, participa en la coordinación del lanzamiento de determinadas carreras universitarias. Pero esto, al parecer, no es del todo cierto.En el cuerpo de la noticia se afirma, por el contrario, que la idea de consultar al gobierno sobre determinados perfiles profesionales en el sector económico de la industria no ha partido del gobierno sino de los decanos de las facultades correspondientes.
Pero la cuestión deja de ser tan clara cuando, a renglón seguido, se dice que la reunión entre la ministra Pinal de Cid y los universitarios ha tenido por objeto «desarrollar una agenda de trabajo que permita coordinar el dictado de diplomaturas en Salta, destinadas directamente a profesionales, y técnicos involucrados y relacionados al sector de la producción en la provincia».
En realidad, el gobierno no tiene que coordinar nada en esta materia. Si lo hiciera, estaría desconociendo y avasallando la autonomía universitaria, que si es importante en el ámbito de su autorregulación administrativa, lo es mucho más en la materia académica.
La información oficial se cuida mucho de decir qué cosas hará el gobierno para «coordinar el dictado de carreras». Si alguna coordinación es necesaria, o posible, esta se tiene que verificar entre las universidades y no con el gobierno.
Es normal -aunque no deseable- que las universidades, antes de lanzarse a impartir nuevas carreras, consulten el mercado de trabajo y mantengan contacto con los agentes sociales. Pero sentarse con el gobierno (además con uno que no tiene ninguna competencia en materia de educación universitaria) y hacerlo antes de hablar con empresarios industriales y con los sindicatos, es expresivo de una sociedad corporativa, en la que el gobierno decide por sí las profesiones y los conocimientos técnicos que requiere la economía.
Una cosa es que el gobierno -aun el Ministerio de la Producción- esté informado de las cualificaciones que las universidades se proponen formar, y otra bien diferente es que las universidades resignen su autonomía y se rebajen a «coordinar» con el gobierno algo que la sociedad espera que decidan por sí mismas.