Es por esta razón que llama muchísimo la atención que un hecho casi intrascendente (el de un empleado de hospital público que utiliza una ambulancia fuera de servicio para transportar carne y bebidas alcohólicas) haya provocado tanto revuelo mediático y, al mismo tiempo, haya acarreado tan pocas consecuencias administrativas o penales.
Uno de los medios que más importancia ha dado a este hecho -el diario El Tribuno de Salta- publica hoy las declaraciones de la gerente del hospital de Rosario de Lerma, señora María Eugenia Rivero. Repasar estas declaraciones nos servirá para aclarar mucho las cosas.
Quizá la revelación más importante efectuada por la señora gerente es que la ambulancia en cuestión no estaba en condiciones de circular, pues «le faltaba el embrague y no tenía balizas».
Cualquiera puede imaginar que, aun sin balizas, la ambulancia podía ser puesta en marcha e incluso servir para el transporte urgente de algún enfermo. Pero lo que es muy difícil -por no decir casi imposible- es que un ser humano pueda conducir un vehículo de esas características «sin embrague».
A menos que la ambulancia estuviera equipada con caja automática (lo cual es altamente improbable), hacer marchar un vehículo sin embrague es bastante complicado.
Por tanto, antes que sancionar a su conductor, habría que reconocer su habilidad para cambiar de marcha embragando mentalmente (a lo mejor iba embriagando mentalmente), o incluso, su capacidad de calcular de oído las revoluciones exactas del motor para poder accionar la palanca de cambios sin que los engranajes de la caja salten por los aires en medio de insoportables crujidos metálicos. ¡Y todo esto con 1,12 miligramos de alcohol en sangre!
Nos dice también la gerente del hospital que al audaz conductor «se le retuvo la licencia, fue apartado de su cargo en el hospital Corbalán de Rosario de Lerma y se le inició sumario administrativo».
Pero la gerente del hospital carece de cualquier autoridad para retener la licencia de conducir del empleado infractor. No puede hacer una cosa como esta, ni aun a título de medida cautelar en un sumario administrativo.
Desde luego, puede «apartar» al empleado de su cargo, pero solo de forma provisional, no de forma fulminante o definitiva como insinúa la declaración de la gerente. Si se ha abierto contra el empleado un «sumario administrativo», es en este procedimiento, y después de que el empleado sumariado se haya defendido con todas las garantías, en el que se debe adoptar la decisión de su cese o exoneración.
La gerente menciona también la existencia de una denuncia penal contra el empleado por un presunto delito de «robo de llaves», pero de la misma declaración surge que el empleado -que trabajaba en la jefatura de mantenimiento y transporte- tenía las llaves en su poder, sin habérselas quitado a nadie.
Así las cosas, mientras la prensa de dientes largos persigue infatigablemente una condena ejemplar al empleado infiel, la cosa no parece que vaya a ir más allá de una multa que tendría que pagar por la alcoholemia positiva.
Pero esta no es una sanción que le aplique el hospital, ni su gerente. Es consecuencia de una falta vulgar y silvestre contra la seguridad vial.
Lo más jugoso del asunto es que la gerente del hospital de Rosario de Lerma afirma que «las condiciones mecánicas de la ambulancia son deplorables». Y más grave que esto aún es el reconocimiento, por parte de la gerente, de que la misma ambulancia (aun en condiciones tan deplorables) «era utilizada por el momento para realizar tareas administrativas antes de que ingrese al taller por reparaciones».
Aquí se encuentra el nudo del problema: Si a pesar de no tener embrague y de no estar en condiciones de circular, el hospital utilizaba este vehículo para «realizar tareas administrativas», está clarísimo que, antes que el empleado, quien primero desvió de su destino natural de uso a la ambulancia en cuestión fue el hospital, o, en su caso, el Ministerio de Salud provincial.
Es decir que el empleado se limitó a seguir el mal ejemplo de su empleador y, en vez de usar la ambulancia sin embrague para tranjinar papeles, expedientes e historias clínicas, aprovechó un horario en el que no se realizan tareas administrativas para llevar cerveza, pan y tiras de asado a una reunión privada. Reprochable pero de ningún modo grave, pues solo se trató de un mínimo «cambio de objeto».
Antes que cargar la tintas sobre el empleado, ¿no sería más lógico preguntarse por qué el hospital de Rosario de Lerma o el Ministerio de Salud no adoptaron en su momento las medidas oportunas para poner la ambulancia en condiciones mecánicas mínimas para poder hacer su trabajo?
Organizar un asado entre amigos en plena pandemia puede dar lugar a persecución penal. Pero como el horno no está para bollos en esta materia tan particular (todo el mundo sabe por qué), lo que tenemos en frente es solo una alcoholemia positiva y no de las más altas y peligrosas.
Si a este triste pero intrascendente suceso le sumamos la noticia de la «desarticulación» de la siniestra red de tráfico de estampillas del Registro Civil, liderada por un señor mayor afectado de discapacidad, podemos concluir tranquilamente en que los salteños se escandalizan por los incumplimientos más pequeños y socialmente menos dañinos, mientras que frente a los más grandes crímenes guardan un silencio cómplice.