Al parecer, alguien entre nosotros piensa que la ciudadanía (o los derechos humanos) se reducen al derecho que tenemos todos de no ser agredidos física o psicológicamente o a que nuestros jóvenes no sufran acoso con fines sexuales a través de los medios de comunicación electrónicos.
Sin ánimo de desconocer la utilidad de estas charlas divulgativas, lo que me parece necesario decir aquí es que la ciudadanía no es esto, sino que es algo mucho más complejo y a la vez mucho más útil para la convivencia en paz y en libertad.
Aquellos que han tomado la iniciativa -sin dudas plausible- de llevar a las aulas un mensaje de alerta sobre los comportamientos desviados de algunas personas, que perjudican particularmente a la infancia, deberían pensar en algún momento también sobre la imperiosa necesidad que tenemos de educar a nuestros niños en los valores cívicos fundamentales.
Entiendo que algunos pueden pensar que más práctico que inculcarle estos valores es enseñarles de entrada a protegerse contra las agresiones y los abusos, pero me permito discrepar de este enfoque.
Esta vocación por «lo práctico» ha derivado en experimentos desgraciadamente difundidos como las escuelas infantiles de policía o los menos famosos y cada vez más peligrosos grupos religiosos infantiles.
A mi juicio, siempre se debe procurar explicar y difundir el marco en el que se insertan nuestros derechos para luego poder ejercerlos con provecho y plenitud. Si procedemos a la inversa, corremos el riesgo de inutilizar cualquier enseñanza práctica. Y no solo eso: también nos arriesgamos a fomentar los comportamientos individualistas, insolidarios y meramente defensivos, toda vez que la persona que recibe estas enseñanzas carece de un marco de referencia sólido que le ayude a situarse de modo racional en la sociedad en la que vive.
La educación para la ciudadanía es absolutamente necesaria para favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras. Por esta razón es que cuando, desde ciertos ámbitos bien conocidos, se nos insinúa que la única educación integral es la religiosa, porque está centrada en todas las capacidades del hombre, debemos desconfiar. La educación para la ciudadanía, convenientemente desligada de cualquier influencia religiosa, es también comprensiva de la más plena integridad del ser humano y no debe ser de ningún modo contemplada como una simple e instrumental «educación para la política» sino como una formación indispensable e insustituible para una vida en plenitud.
En estos días en que se discute con tanta virulencia sobre si se debe o no impartir educación sexual en las escuelas, tenemos que ser conscientes de que ninguna educación vinculada con nuestros derechos puede ser más importante que nuestra educación fundamental como ciudadanos y ciudadanas, pues antes que cualquier otra consideración, el sistema educativo debe tener en mira la consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la libertad y la responsabilidad de las personas. Si la educación sexual contribuye a este objetivo, pues bienvenida sea.
Es muy razonable y hasta necesario que los niños de las escuelas primarias aprendan a reaccionar frente a los comportamientos abusivos de sus compañeros y las conductas desviadas de los adultos. También es bueno que los niños conozcan con rigor científico y sin deformaciones fantasiosas la fisiología del cuerpo humano y nuestras capacidades reproductivas. Pero al mismo tiempo estoy convencido de que, antes de construir todo este necesario conocimiento, tenemos que ser capaces de formar a personas con criterio propio, respetuosos del prójimo, participativos y solidarios; que no solamente conozcan sus derechos sino que también asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos que resulten provechosos para sus semejantes y para el conjunto social.
No se trata de que nuestros niños conozcan la Constitución o que -como ocurría en la época de mi escuela primaria- sepan recitar de memoria el Preámbulo como si fuese el Padre Nuestro. Tampoco se trata de fomentar el patriotismo, y desde luego este no es el camino si para ello se precisa deformar la historia o manipular la dimensión histórica de nuestros antepasados. El conocimiento de la Constitución es importante, así como el de las bases que sustentan a la democracia, pero ninguna de estas dos cosas se deben enseñar como valores absolutos. Al contrario, nuestros niños deben saber que respetar la Constitución y las decisiones mayoritarias no nos debe privar, por ningún motivo, del derecho a criticar sus mecanismos y su oportunidad.
De entre todas las definiciones de ciudadano, me quedo con la clásica de Gregorio Peces-Barba, uno de los padres de la Constitución española de 1978: «El ciudadano es la persona que vive en una sociedad abierta y democrática. En las sociedades cerradas y autoritarias viven súbditos. Acepta los valores, los principios, la dignidad de todos y los derechos humanos, y participa de la vida política y social. Rechaza el odio y la dialéctica amigo-enemigo y se relaciona con los demás desde la amistad cívica. Distingue la ética privada de la pública, que es la propia de la acción política y que fija los objetivos del poder y de su Derecho y la libre acción social. Puede ser creyente o no creyente y defiende la Iglesia libre, separada del Estado libre. Es respetuoso con la ley, tolerante, libre de discrepar desde las reglas de juego de la Constitución y desde la aceptación del principio de las mayorías. La condición de ciudadano se fortalece con la educación y es una responsabilidad central del Estado y de la sociedad».
En esta definición están contenidas las líneas maestras de cualquier proyecto de educación para la ciudadanía. Lo que de ningún modo podemos permitir es que los futuros ciudadanos de Salta se críen naturalmente como hierbas en el campo y se eduquen a ponchazos, siguiendo las campañas electorales y participando en elecciones supuestamente democráticas. Fundar una democracia y no educar a los ciudadanos es como darle una Ferrari a alguien que acaba de bajarse de un burro. Si me permiten decirlo sin tanto preámbulo, esta -la del aprendizaje por inmersión- es la peor escuela de ciudadanía que puede haber.