Cuando el Coliseo romano, la Columna de Julio en la Bastilla de París, la Cibeles de Madrid o la Estatua de Eros en Londres se blindan con ocasión de manifestaciones y concentraciones humanas, nadie pone el grito en el cielo. La mayoría de los países del mundo dispone de protocolos de actuación para proteger el patrimonio urbano y los bienes culturales en caso de manifestaciones, incluso pacíficas. Estos protocolos normalmente incluyen el despliegue de defensas estáticas, como cercos y vallados.
La protección de la Catedral de Salta o del edificio del Cabildo Histórico de la ciudad pueden ser consideradas, cómo no, medidas hostiles hacia determinados colectivos sociales que se manifiestan. Pero es realmente infantil ver un gesto discriminatorio detrás de lo que no es más que una precaución razonable que responde al interés general y no al particular de nadie.
La medida debe ser valorada en todo caso como un signo de madurez de una ciudad que parece por fin haber comprendido que los daños que se ocasionan a sus bienes culturales no solo degradan el patrimonio público o el de la iglesia católica sino que menoscaban el patrimonio cultural de toda la humanidad y la aportación que el pueblo de Salta ha hecho a la cultura mundial.