El Diccionario define «vivienda» como el lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas. Esta sencilla definición no parece sin embargo aplicable al lugar que aparece en la fotografía (publicada en el diario El Tribuno de Salta, al que agradecemos).
Se trata del lugar en donde vivía (más bien se podría decir malvivía) una mujer de 47 años, cuyo cuerpo sin vida y con evidentes signos de violencia fue hallado por la Policía ayer en la localidad salteña de Embarcación.
Por lo que se aprecia en la foto, no se trata de un lugar cerrado, ni cubierto, ni parece haber sido «construido» (en el sentido de «edificado»).
Que haya estado habitado o que lo esté no quiere decir sin más que sus moradores -dicho sea esto con el mayor respeto- vivan allí como «personas», en el sentido de sujetos de derecho. Es decir, que el lugar de la foto cumple solo uno de los cinco requisitos que contiene la definición del Diccionario para la palabra «vivienda».
Dejando a un lado el tristísimo hecho de que hay cientos de miles de salteños que malviven en condiciones similares, o aun peores, lo que agravia el sentido común y la dignidad de las personas es que la utilización tan superficial y poco rigurosa de la palabra «vivienda», como en este caso, facilita el que el gobierno provincial -sujeto obligado por la Constitución a formular políticas que faciliten el acceso de sectores de menores recursos a una vivienda digna- construya y entregue a las personas carentes de recursos productos de ínfima calidad, sin que nadie proteste.
Porque llamamos «viviendas» a lugares como el de la foto, es que el gobierno puede presumir de gran sensibilidad social cuando, en sus arrebatos «inclusivos», entrega a la gente pobre casas minúsculas, con diseños absurdos, materiales deficientes y servicios nulos.
Cuando pensamos -sin enrojecer de vergüenza- que alguien puede vivir en aquellas condiciones, le facilitamos al gobierno todos los recursos para engañarnos y para enmascar bajo el rótulo de «soluciones habitacionales» a unas chozas inhumanas que insultan la inteligencia de cualquier ciudadano medianamente instruido.
Es un caso curioso, porque ahora que se habla tanto de «revictimización» de la mujer por las humillaciones institucionales varias que recibe tras un crimen, como en este caso tal cosa es imposible, porque la víctima está desgraciadamente muerta, de lo que sí se puede hablar es de «previctimización», porque antes de ser asesinada, la mujer ya había sido víctima de otro bárbaro crimen, a manos de un gobierno para el que los asentamientos humanos azotados por la peor miseria son, como dijo el filósofo uruguayo, «bastante dignos».
Hasta que el gobierno de la Provincia de Salta y su Gobernador no aprendan -y a golpes quizá puedan hacerlo- que la falta de una vivienda digna y de condiciones físicas mínimamente adecuadas para el establecimiento y desarrollo de una familia son factores que contribuyen a exacerbar la violencia contra las mujeres, jamás podrán dar soluciones eficientes a este grave problema.