El uso indiscriminado y salvaje de la pirotecnia es una forma sutil de sembrar el terror público. Con frecuencia se habla de desalentar el uso de la pirotecnia por la cantidad de lesionados que todos los años produce, pero los perjuicios de este uso abusivo e incivil exceden largamente el ámbito de las lesiones físicas. La creencia de que la pirotecnia es inocua e inofensiva comienza en los poderes públicos, que generalmente conceden autorizaciones para vender este tipo de productos a vendedores de golosinas para niños. Pero un petardo no es una golosina sino algo mucho más peligroso e indigesto.
El que tira cohetes en Salta no persigue un propósito de deleite visual sino sobresaltar al prójimo, molestar al vecino, competir en ruido y en irracionalidad con otros. Si nadie utiliza la pirotecnia con fines estéticos ni pacíficos sino más bien malévolos, ¿por qué razón no se la prohibe?
La única razón es que el comercio (legal o ilegal) de la pirotecnia está controlado en Salta por un puñado de «barones», de «señores de la guerra», que hacen su agosto en estas fechas, y a los que no les importa la salud física y psicológica de las personas, el cuidado del medioambiente o el bienestar de los animales.
La autoridad de control sabe perfectamente quiénes son estos especuladores y cuáles son los medios que despliegan para intentar convencer a la población de que los estallidos y los estruendos son la mejor forma de demostrar la alegría. El poder que tienen estos misteriosos operadores del terror es tan grande que hasta el momento se han estrellado contra un muro todas las iniciativas legislativas para prohibir el uso civil de la pirotecnia, en manifestaciones religiosas, deportivas o en las fiestas de fin de año.
Los que tiran cohetes con alegría, como si fuese la cosa más normal del mundo, no saben hasta qué punto el consumo de estos productos sirve para alimentar un negocio monstruoso e inmoral, refractario a los controles técnicos y poco dispuesto a pagar impuestos. No hay en Salta autoridades valientes que se planteen con seriedad poner un límite a estos excesos.
La pirotecnia provoca innumerables accidentes y no solo quemaduras por descuido o negligencia. Todos los años hay personas lesionadas por caídas o choque de vehículos en la vía pública. Todo ello, sin contar con la enorme cantidad de personas que deben recurrir a los ansiolíticos para poder sobrellevar la escalada de terror apadrinada por el gobierno provincial y las municipalidades locales.
No hay motivos serios que justifiquen que unos cuantos especuladores siembren el terror entre los ciudadanos en estas fechas. No hay razones convincentes que autoricen a medir el terror pirotécnico con otra vara diferente a las agresiones entre patotas o los actos violentos contra las mujeres. El terror no tiene fronteras jurisdiccionales y es deber del Estado asegurar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos, sancionando a los que atentan contra ellas.