
A propósito de la prohibición legal de conducir con una tasa de alcoholemia superior a cero, vigente en Salta de hace algunas pocas semanas, al buenazo del Ministro de Seguridad se le ha ocurrido decir por los micrófonos de una radio que su trabajo en materia de seguridad vial es "pro vida".
¿Acto fallido? ¿Error conceptual? ¿Ambas cosas quizá? Es muy difícil saberlo.
Pero cualquiera sea la respuesta a estas preguntas, de lo que no cabe dudar en ningún caso -tampoco aquí- es de las buenas intenciones y del carácter profundamente humanista del ministro, que está empeñado, como persona decente que es, en reducir las escandalosas cifras de siniestralidad que se verifican en las rutas de la Provincia de Salta.
Pero, dicho lo anterior, conviene preguntarse si calificar de "pro vida" a este empeño es un acierto o, al contrario, si constituye un desacierto mayúsculo.
La realidad es que, por esas cosas de la creciente especialización del lenguaje, propiciada por los sociólogos y otros científicos sociales, la expresión "pro vida" está reservada para designar ciertas cosas muy concretas, como las posturas éticas y políticas de aquellas personas y grupos que se oponen al aborto, a la pena de muerte, a la eutanasia, al suicidio asistido o a la destrucción de embriones. No se trata, en modo alguno, como se puede apreciar, de un concepto abierto y de libre configuración, al que se le puedan agregar alegremente otras finalidades y contenidos.
Quiere esto decir que, hasta la revolucionaria invención del ministro Cornejo D'Andrea, que ha visto la luz en lo más profundo de nuestros valles, no era conocida en el mundo civilizado la existencia de un movimiento "pro vida" dedicado a desalentar el consumo de alcohol entre los conductores de vehículos.
El caso es que, quitando el supuesto de oposición a la pena de muerte, todas las otras posturas "pro vida" (o «pro-life») se inscriben dentro o giran alrededor de movimientos religiosos o ideológicos muy cercanos a la extrema derecha.
Por respetables que pudieran ser estas posturas, lo cierto es que frente a la necesidad imperiosa de reducir la mortalidad en nuestras carreteras, llamar «trabajo pro vida» a las políticas que se despliegan desde el Estado para conseguir este objetivo fundamental para la seguridad de las personas, supone un doble riesgo: el primero (menos grave), que la gente identifique al gobierno y al ministro Cornejo D'Andrea con la extrema derecha y el fundamentalismo religioso; el segundo (más grave), que se despierten los demonios y que la razonable política de lucha contra la inseguridad vial pierda la indispensable adhesión de aquellos grupos que se manifiestan activamente opuestos al movimiento "pro vida", por el mero rechazo que esta expresión genera.
Puede ocurrir que al Ministro de Seguridad de Salta le importe un rábano pagar el precio de que lo identifiquen con los sectores más intolerantes y radicalizados de la sociedad; pero por un desacierto verbal -y uno tan burdo como éste- el ministro no puede darse el lujo de poner en riesgo la efectividad de una política que nada tiene ni debería tener que ver con la izquierda, la derecha o la religión.