Ricardo Moreno, juez federal de Catamarca, ha desatado una tormenta con sus declaraciones al diario El Esquiú en las que denuncia la presencia de unos 2.000 ciudadanos colombianos, muchos de los cuales «recién se inician en el mundo del narcotráfico». La noticia en sí misma no constituye ninguna revelación. Sin embargo, cobra una inusitada gravedad por cuanto el reconocimiento abierto de la existencia de una actividad delictiva a gran escala llevada a cabo por extranjeros proviene de una alta autoridad del Estado, relacionada directamente con el combate al narcotráfico.
Las afirmaciones del juez Moreno en el sentido de que la franja fronteriza ubicada entre la ciudad salteña de Orán y el límite con Bolivia es terreno abonado para narcotraficantes extranjeros que buscan extender su influencia territorial, colocan al gobierno provincial de Salta -que dirige Juan Manuel Urtubey- en una situación sumamente delicada e incómoda.
De ser ciertas las estimaciones cuantitativas del juez catamarqueño, el gobierno de Salta (incluido el Intendente de Orán) deberán salir rápidamente a aclarar por qué motivo el crecimiento súbito de la población extranjera en la zona fronteriza ha pasado desapercibido para las autoridades provinciales.
Aunque el gobierno de Urtubey ha venido intentando desligarse de su responsabilidad echando las culpas a la falta de asistencia del gobierno nacional, lo cierto es que una población extranjera de tamaña magnitud no podría llegar a asentarse en ningún lugar sin el conocimiento y sin la ayuda, abierta o encubierta, de los servicios públicos municipales y provinciales.
El juez Ricardo Moreno ha dicho que no todos los extranjeros residentes en este lugar se dedican al narcotráfico pero que es llamativo que los colombianos se hayan establecido en una zona a la que es muy difícil ingresar.
El gobierno provincial de Salta deberá también responder a la gravísima afirmación del juez sobre que una parte de los ciudadanos colombianos residentes en Orán (tantos como los que se dedican al narcotráfico) «realizan trabajos para ajusticiar personas por dinero».
Moreno ha sido muy preciso al decir que la comunidad colombiana se encuentra al norte de Salta, más precisamente en Orán, a sesenta kilómetros de Bolivia. Según el juez, conforme pasa el tiempo esta comunidad va ganando mayor espacio territorial y extendiendo su “posesión” por toda la frontera norte.
Aunque parece imposible que el gobierno de Salta ignore esta circunstancia, lo cierto es que su inacción, no por inexplicable, deja de ser muy grave, en la medida en que contribuye a la extensión de esta actividad delictiva.