En la semana de trampa política (una atracción más del Abril Cultural Salteño), la Cámara de Senadores de Salta se ha pasado por el arco del triunfo el artículo 160 de la Constitución provincial y ha designado a cuatro senadores oficialistas (dos titulares y dos suplentes) para que integren el jurado de enjuiciamiento, encargado de juzgar y eventualmente destituir a los jueces de la provincia, excepto los que integran la Corte de Justicia. De acuerdo con la información oficial fueron designados miembros titulares los senadores Jorge Pablo Soto y María Silvina Abilés. El primero de ellos, electo por el Departamento de La Viña, se desempeña como primer vicepresidente del bloque del Partido Justicialista; la segunda, que representa al Departamento de la Caldera, ha sido electa en las listas del Partido para la Victoria, aliado estructural del Gobernador de Salta.
El mismo criterio ha sido aplicado en la designación de los senadores suplentes, que recayó sobre Ernesto Ángel Gómez (senador justicialista por Anta) y Pablo Damián González, senador por Orán, electo en las listas del Partido Renovador de Salta, también aliado del Gobernador.
Las designaciones no respetan, pues, el mandato constitucional que reserva un cargo titular y otro suplente para «la primera minoría», entendida esta como el grupo opositor a la mayoría parlamentaria.
Como los senadores, igual que los diputados, pueden designar además a un abogado cualquiera y a un suplente de este, el Senado provincial hizo recaer esta designación en otros dos conocidos oficialistas: Guillermo López Mirau y Fabiana Marcela Estrada.
Con esta designación, el Gobernador de Salta, que controla el 90 por cien de la Cámara de Senadores, el 78 por cien de la Cámara de Diputados y el 95 por cien del Consejo de la Magistratura, controlará el 100 por cien del jurado de enjuiciamiento. Estos porcentajes -inusuales en cualquier democracia moderna- se traducen en un control virtualmente absoluto del Poder Judicial por parte del Gobernador de Salta.