Con la sola oposición del Partido Obrero, el rodillo oficialista en el Senado provincial, aprobó esta mañana el proyecto de ley de intervención al Departamento Ejecutivo y al Concejo Deliberante del municipio de El Bordo, que previamente había sido aprobado por la Cámara de Diputados en procedimiento legislativo express. De esta forma, la iniciativa legal del gobierno de Urtubey, una de las cuatro que contiene el paquete de convocatoria a sesiones extraordinarias, obtiene su sanción definitiva. En cuanto se publique la ley en el Boletín Oficial del Estado -esto es, en cuestión de horas- se producirá el cese definitivo del intendente Juan Rosario Mazzone y también el de todos los concejales.
Como en las viejas épocas de los gobiernos militares, los asuntos de competencia del cuerpo deliberativo municipal, entre ellos, la recaudación impositiva, serán confiados de ahora en adelante a un interventor, quien, hasta el próximo mes de diciembre, sancionará sin debate de ninguna naturaleza y en la oscura soledad de su despacho las normas y ordenanzas que el pueblo de El Bordo confió a sus cinco concejales, electos por voto popular.
El proyecto de intervención ha tenido un corto recorrido en las cámaras legislativas, pero mucho más corto en el Senado, en donde la única representante del Partido Obrero -Gabriela Cerrano-, que apoyó la intervención, se opuso con su voto negativo en la votación artículo por artículo, pero no porque no estuviera de acuerdo con el allanamiento de la autonomía municipal de El Bordo, sino porque su partido había propuesto un dictamen alternativo que contemplaba la designación de una interventora afín a su ideología.
Los senadores Francisco D'Andrea, Rubén Lávaque y Miguel Nanni solicitaron la modificación del proyecto para que la intervención al Departamento Ejecutivo y al Concejo Deliberante figurara en los artículos diferentes. La moción fue, sin embargo, rechazada por la mayoría del cuerpo.
Las presuntas faltas de Mazzone no han podido aún ser probadas. No lo hizo (ni podrá hacerlo ya) el Concejo Deliberante de El Bordo, que fracasó en su intento de destituirlo. Y aunque Mazzone llegara a ser condenado por la justicia ordinaria por un delito de corrupción de menores, tal como se encuentra imputado, quedará para la historia saber cuál ha sido la «crisis institucional» que ha permitido a la Legislatura provincial intervenir de una forma tan sospechosamente expeditiva, esgrimiendo para ello las razones del artículo 179 de la Constitución de Salta.
Reacciones contrarias
El avance de Urtubey y sus aliados parlamentarios sobre la autonomía municipal y la representación popular no ha sido recibido con aplausos unánimes de todo el arco político. El candidato a Gobernador de Salta por el Frente Popular (formación política que agrupa al partido Unidad Popular y al Partido del Trabajo y el Pueblo, Edmundo Falú, ha reaccionado en su cuenta de Twitter acusando a los senadores provinciales de no respetar cabalmente la Constitución, el orden ni la voluntad popular.Falú se ha preguntado, con razón, si la prisa de los legisladores por sancionar la intervención responde a motivos electorales y ha pedido que se deje a la justicia y a los concejales del municipio actuar.
Parece mentira que Senadores de nuestra provincia no respeten cabalmente la constitución.Esto es no respetar el orden ni la voluntad popular
— Edmundo Falú (@efalu) February 5, 2015Acaso este apuro para intervenir El Bordo tiene connotaciones electorales? Dejen a la justicia y a los concejales del municipio actuar .
— Edmundo Falú (@efalu) February 5, 2015