Hasta ahora, la importación irregular de hojas de coca procedentes de Bolivia satisfacía de algún modo la demanda interna, pero el cierre de las fronteras y la virtual clausura de la Provincia de Salta al intercambio con los territorios vecinos a raíz de la pandemia del coronavirus, ha provocado una importante subida de precio de este producto en los habituales puntos de distribución.
Por esa razón -o quizá por una muy mal llevada abstinencia- es que el diputado Jarsún Lamonaca -que supo acompañar al exgobernador Urtubey en su visita a la Universidad de Oxford- se ha propuesto regular, mediante una ley de la Provincia, «la producción uso, acopio, fraccionamiento y venta de la hoja de coca».
La ambición regulatoria del legislador parece no tener límites, y no conoce de impedimentos normativos internacionales. Para Jarsún, todo se reduce a una cuestión de «permisos», como si fuera un asunto de farmacopea municipal.
El diputado dice «estar convencido» de que en Salta «se pueden generar los permisos para disponer de este producto», como si los referidos «permisos» fueran algo que se puede obtener en una ventanilla de la Dirección General de Rentas. Según Jarsún, si Jujuy tiene «permisos» para producir marihuana con fines medicinales, con la hoja de coca (cuya tenencia y consumo se hallan despenalizadas) «hay un problema mucho menor por resolver».
Jarsún quiere que en Salta funcione «una planta de acopio y empaquetado», tal y como si estas dos actividades fuesen lo más normal del mundo. Por supuesto, quiere controles, facturación, pago de impuestos e «ingresos para la Provincia». Es decir, una fantasía legal en toda regla.
Al parecer, el diputado por Rosario de Lerma considera que el artículo 15 de la ley nacional 23.737 exime a Salta de cumplir los compromisos internacionales contraídos por la República Argentina, y que la tolerancia legal y social a la masticación de la hoja de coca, abre unas enormes posibilidades autorregulatorias y de negocio a la Provincia de Salta.
El razonamiento de Jarsún es bastante simple: como no hay dinero en las arcas del Estado para «cosas importantes», aunque no tengamos facultades para ello, y aunque echemos abajo cuanto tratado internacional haya suscrito la Argentina en materia de estupefacientes, vamos a «legalizar» la comercialización de la coca. Es decir, que si el inquieto diputado descubriera que el tráfico internacional de armas deja más dinero al Estado que la venta de porotos al extranjero, no dudaría un minuto en convertir a Salta en un paraíso de los fierros.
Dice el diputado que el volumen de negocio de la venta de hojas de coca en Salta supera los 10 millones de dólares (se supone que por año) y que esto «no deja un peso de impuestos porque todo es en negro». Lo cual parece muy normal. Si los consumidores de droga también pagaran impuestos, el optimismo de los recaudadores se vería multiplicado por mil. Pero ocurre que Jarsún -a pesar de las «necesidades importantes» que dicen que lo motivan- pretende crear un fondo especial de la coca; es decir, quiere que con recursos públicos se subsidie la producción de hojas de coca.
En realidad, para que el negocio de la hoja de coca se convierta en «blanco» hace falta algo más que dos o tres permisos, pero no es esto algo que desaliente al diputado, cuyos paseos por Oxford, en lugar de haber iluminado su entendimiento parece que lo han cegado.
Hace algunos años, cuando Jarsún se iniciaba en la política, puso sobre la mesa un extravagante proyecto para controlar los abusos sexuales y violaciones en los quirófanos, ya que -según el diputado- (y esto antes de pasar por Oxford) médicos y enfermeras de Salta aprovechan para agredir sexualmente a los pacientes que se encuentran bajo los efectos de la anestesia.
El proyecto de la «planta de acopio» y el «fondo especial de la coca» amenaza con seguir el mismo camino hacia el ridículo total.