El diputado provincial Héctor Martín Chibán, de la Unión Cívica Radical, ha dicho que sus colegas de bloque, que han interpuesto una denuncia penal contra los directores de la Cooperadora Asistencial de la Municipalidad de Salta, han detectado «varias irregularidades» en la cuentas de esta agencia municipal.
Según una comunicación oficial de prensa del legislador salteño, la denuncia penal señala a los directivos de la Cooperadora Asistencial como posibles autores de los delitos de malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y asociación ilícita.
Chibán recuerda que los legisladores radicales decidieron acudir a la vía penal luego de que los actuales directivos de la Cooperadora respondieran a un pedido de informes enviado por la Cámara de Diputados, del que surgen «varias inconsistencias» y «presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos».
El legislador, que ha suscrito la denuncia junto a sus compañeros de grupo Humberto Vázquez y Mario Mimessi, ha dicho también que en el mes de agosto pasado la UCR pidió informes sobre la gestión de esta agencia «porque entendíamos que se estaban pagando algunas facturas que no se condecían con el objeto social de una Cooperadora, que debe velar por el bienestar social y moral de la comunidad. Se estaban pagando cosas que nada tienen que ver con esa finalidad».
Según Chibán, «se estaban pagando pautas publicitarias, se libraron cheques a favor de la vicepresidenta de la Cooperadora para que compre cotillón, entre otras cosas».
Para el diputado radical, «los pagos tienen como agravante que se habrían hecho de forma sistemática», aunque no ha precisado en su declaración los detalles que permitan sostener esta afirmación. En cambio, sí se ha mostrado esperanzado en que «los fiscales se despierten y vean que está pasando. Deberán como debe ser, porque les presentamos las pruebas que surgen del mismo informe que enviaron desde la Cooperadora».
Según Chibán, en las últimas horas, tanto el presidente de la Cooperadora, Pablo Outes Jiménez y intendente Gustavo Sáenz han dicho que se trata de «una denuncia que tiene que ver con la política». El legislador radical ha negado la mayor y ha pedido a los funcionarios municipales «un gesto de transparencia» consistente en poner a disposición toda la información necesaria para investigar las cuentas y los pagos presuntamente desviados, «y que vaya preso quien tenga que ir preso».