Si bien la Constitución de Salta es muy clara respecto a la definición del ámbito subjetivo en el que es legítimo ejercer las facultades parlamentarias de solicitar informes a la administración del Estado, al parecer el diputado filourtubeysta Raúl Romeo Medina no está muy de acuerdo, ni con la autonomía municipal ni con la división espacial del poder que establece la Constitución.
Probablemente ello se deba a una perversión política, pero otros lo achacan a que el diputado -habitualmente confuso y revuelto- se llevó a poncho la bolilla correspondiente al Derecho Público Municipal cuando era estudiante en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino de Tucumán, periodo que, por cierto, duró un tiempo bastante largo.
El caso es que Medina, ávido de información pública, se niega a obtenerla como ciudadano normal (frente a la Municipalidad de Salta, por lo menos) y pretende hacerlo «por las bravas»; es decir, exhibiendo su chapa de diputado y, bajo su amparo, dirigiendo punzantes pedidos de informes al Intendente Municipal de Salta, quien, por supuesto, no tiene ninguna obligación de satisfacer la curiosidad del diputado.
Conscientes de esta manifiesta irregularidad, el Indio Godoy no ha tenido más remedio que salir a aclarar que los pedidos de informes de Medina son «de cortesía», una aclaración que, como todas las que ha intentado Godoy en su dilatada carrera política, no ha hecho sino embarrar más el asunto.
Se trata, en cualquier caso, de una «cortesía hostil» o, para decirlo más claro todavía, de una «cortesía sin cortesía», pues lo que correspondería en Derecho es que, despojado de sus ínfulas parlamentarias, el diputado Medina acuda a una ventanilla del Centro Cívico Municipal como un ciudadano de a pie y registre allí una petición de información pública, cuidando de que la misma sea tramitada por los cauces legales.
Es casi seguro que la administración municipal no se negará a suministrarle la información que solicita, cosa que sí puede hacer, claro está, si la petición viene firmada por «el señor diputado» y, además, con inequívocas pretensiones de control parlamentario.
Lo que resulta evidente es que Medina quiere poner en apuros a Sáenz. Pero aunque este propósito no es malo de suyo (allá el si lo consigue con esos argumentos), lo que no puede hacer el señor Medina es abusar de su cargo para apretar a Sáenz, pues para eso ya está el ministro Juan Pablo Rodríguez, también conocido por su breve apelativo de «Squeezy».
Va de suyo que Sáenz no tiene ninguna responsabilidad política tiene frente a la Legislatura provincial ni a sus integrantes individuales. Ni juntos ni por separados los senadores o diputados provinciales pueden controlar a Sáenz. Más de uno quisiera hacerlo, pero no se puede.
Mal hace, por supuesto, Godoy en salir a defender a Medida y a sus informes «de cortesía», pues estas derivas solo sirven, en el mejor de los casos, para desfigurar la actividad parlamentaria y para sustraer efectividad a los controles auténticos que las cámaras deben efectuar sobre la actividad del gobierno.
Unos controles que, desde luego, son casi inexistentes, teniendo en cuenta la amplia (más bien amplísima) simpatía de los diputados (y no digamos de los senadores) con lo que hace el gobierno. Si Medina funda sus pretensiones de apriete a Sáenz en que este último gobierna con un Concejo Deliberante «dócil», ¿que adjetivo se podría aplicar a una Legislatura que responde ciegamente a los caprichos de Urtubey y que convierte en leyes hasta sus parpadeos?
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