La Cámara de Senadores del Congreso Nacional debatirá esta semana en una sesión especial el proyecto que penaliza los actos corrupción que involucren a empresarios y miembros de la administración pública.
El proyecto está respaldado -dice la agencia Télam- por entidades multilaterales como la OCDE (la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).
De acuerdo con la misma fuente, los principales bloques políticos de la cámara alta han acordado dar luz verde al proyecto, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados. Sin embargo, la iniciativa aún no se convertirá en ley, pues regresará a la cámara baja después de que el Senado introdujera numerosas enmiendas al texto original.
Entre las modificaciones acordadas por la oposición y el grupo afín al gobierno se cuentan la eliminación de la imprescriptibilidad de los delitos (la prescripción de estas conductas ha sido fijada en seis años) y la rebaja de la cuantía de las multas al daño producido.
Se ha mantenido, no obstante, la negativa a sancionar con retroactividad los casos de corrupción, que el oficialismo pretendía incluir para abordar los casos derivados del escándalo de coimas de la empresa brasileña Odebrecht.
La iniciativa incluye los delitos de cohecho y tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y balances e informes falsos agregados, y establece la responsabilidad penal de personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal.
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