
El proyecto pasa ahora a la Cámara de Senadores para su tratamiento y su eventual sanción como ley de la Provincia.
Según el texto aprobado, el nuevo préstamo tiene un plazo de reembolso de 10 años y una tasa de interés del 5,52% anual. El capital prevé también una actualización monetaria según el índice de precios de la construcción que elabora el INDEC, y se establece como garantía los fondos a los que el Estado provincial es acreedor en virtud de la coparticipación.
A pesar de que la intención declamada por los diputados afines al gobierno provincial es la de que el dinero del préstamo se destine a obras de infraestructuras, el proyecto aprobado anoche no incluye un listado de obras. Al contrario, habla de que el préstamo se utilizará para financiar el denominado Programa de Mejoramiento de Infraestructura de la Provincia, que aún no ha sido regulado por el gobierno.
En otro punto del proyecto se autoriza a afectar recursos locales como contrapartida, así como a «modificar y adecuar partidas en el presupuesto».
Si bien es cierto que el proyecto del gobierno debió enfrentar la resistencia de algunos diputados oficialistas, su aprobación anoche fue justificada en razones de urgencia. Los argumentos esgrimidos por los legisladores conducen a pensar que las obras que se pretende financiar con la nueva inyección financiera no tienen por objeto tanto mejorar las infraestructuras sino atajar la grave crisis social y de empleo por la que atraviesan algunos municipios.
De ser esto cierto, las obras que consigan realizarse efectivamente serán de baja calidad, como precarios y mal remunerados serán los puestos de trabajo que lleguen a crearse en virtud de este programa.
A pesar de que los diputados afines al gobierno han dicho que el texto legal aprobado cierra la vía al posible desvío de estos fondos para otros fines, lo cierto es que la obra pública en Salta es uno de los terrenos más opacos y fuente de numerosos hechos de corrupción y de amiguismo.