«Ha pasado más de un año y el concejal Tomás Salvador Rodríguez no ha querido explicar qué hizo con más de 28 millones de pesos durante los años 2012 y 2013 en los que estuvo como presidente del cuerpo».Así lo ha declarado la concejal opositora Socorro Villamayor en una comunicación escrita en la que afirma también que el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Salta ha sufrido un grave desprestigio por esta causa.
Villamayor es partidaria de que se dé curso a la solicitud de destitución de Rodríguez que fue formulada en su día por el ciudadano Arturo Farfán y que, en consecuencia, se confiera traslado al acusado para que ejerza su defensa en el plazo de diez días.
Sostiene Villamayor que a pesar de que existen denuncias penales y pedidos de auditorías, el oficialismo municipal sigue empeñado en ocultar lo sucedido durante la presidencia de Rodríguez. Para la concejal es necesario abrir el proceso de destitución y que sea la Comisión de Juicio Político del Concejo la que investigue lo ocurrido y esclarezca la verdad.
A juicio de Villamayor, el pedido de juicio político presentado contra Rodríguez y los cinco miembros el Tribunal de Cuentas Municipal debe desdoblarse, puesto que para estos últimos resulta aplicable la ordenanza 7227, mientras que no existe norma alguna que regule las facultades sancionadoras del Concejo Deliberante sobre sus propios miembros. En consecuencia, dice Villamayor, no existe obstáculo legal para sancionar a un concejal -incluso con la expulsión- según la gravedad de la falta cometida.
Villamayor también ha rebatido los argumentos del oficialismo sobre la presunta improcedencia de un juicio político a un concejal. En tal sentido, la edil opositora dice que existen precedentes como el de la destitución del exconcejal Guillermo Capellán en 2003 o la apertura del proceso de destitución del exconcejal Carlos Marín, que incluso fue votado por el hoy acusado Rodríguez. «No podemos interpretar la ley según las conveniencias políticas», ha dicho Villamayor.
Para mañana, día martes 1 de julio, a las 19 horas está convocada la sesión especial en la que los concejales debatirán sobre el pedido de juicio político contra Rodríguez. Las posturas de los concejales van desde la apertura del procedimiento sancionador en relación a todos los denunciados hasta el rechazo por falta de pruebas. El denunciante Farfán ha indicado dónde se encuentran las notas y expedientes vinculados con su acusación pero no ha aportado las copias de los mismos. Villamayor ha solicitado que se requiera toda esa documentación antes del próximo martes.
«Entiendo que cualquier vicio formal puede corregirse y que debemos tomar el peso del pedido presentado. Ya no hay margen para desprolijidades o interpretaciones caprichosas sobre los procedimientos, cuando se discute la desaparición de millones de pesos. Además, hay papeles que están en el Concejo, en el Tribunal de Cuentas y en la justicia y que el presidente debe requerir», ha dicho finalmente la concejal Villamayor.