No vamos a discutir si el calificativo es justo u oportuno, pues sin duda hablamos de una conducta reprochable. Lo que se debe examinar es si uno de los poderes jurídicos del Estado, el que ejerce el Gobernador de la Provincia y jefe absoluto de la Administración pública, puede anteponer argumentos morales a cualquier actuación legal.
No debe sorprendernos el tono entre paternalista y supremacista empleado por Sáenz. Él nos habla desde el púlpito, como lo hicieron sus antecesores.
Repudio la actitud miserable de aquellos concejales y políticos que utilizaron una herramienta como el IFE, creada con un fin noble y para los más afectados por la pandemia, para su propio beneficio.Le pido a la Justicia que actúe con máxima celeridad y con todo el paso de la Ley
— Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) July 24, 2020
Pero aunque nuestro Gobernador sea íntegro y bondadoso (cualidades que se le suponen pero que todavía debe demostrar en los hechos), él no es el depositario ni el intérprete de la moral colectiva y menos el ejecutor de las sanciones que la transgresión de las normas éticas traen aparejadas.
Su reacción ha sido correcta, mas no oportuna.
Frente a la ofensa, Sáenz debió actuar como Gobernador (como Jefe del Estado), pero prefirió hacerlo como un buen padre de familia, señalando el camino de la virtud a aquellos que lo han extraviado.
Pero ese no es su papel y si se lo ha atribuido sin que nadie se lo diera (la Constitución no dice que el Gobernador sea una especie de faro moral de la sociedad de la que forma parte) es porque hay un hueco moral en Salta que es preciso llenar de inmediato.
Comportamientos como el de los concejales, intendentes y funcionarios que rebajaron su condición por una suma de dinero realmente ridícula no deben ser socialmente tolerados y es la sociedad la que debe señalar y apartar a quienes han incurrido en la falta. La política debe reaccionar, pero con argumentos políticos, no morales. Y el Estado de Derecho hacerlo aplicando las normas que entre todos nos hemos dado para colocar estas conductas fuera de la ley.
Es peligroso en grado sumo que el gobernante pretenda monopolizar la moral pública y que pronuncie sentencias de este tipo sin haber consultado nada más que a su conciencia.
Incluso es más peligroso que el gobernante haga esto que el que los concejales recurran a la picaresca para arañar unos pesos al Estado.
Si una acción incalificable como esta nos fuerza a poner las cosas en su lugar, antes de poner en vereda a los traviesos, preocupémonos por recordarle al Gobernador que él no es el Arzobispo para andar repartiendo anatemas y que su deber es gobernar y no colgar adjetivos del cuello de la gente, aun de la más abyecta.