El mandatario salteño, candidato a Vicepresidente de la Nación por la coalición Consenso Federal, ha cosechado un modesto 6,2% de los votos emitidos, lo que lo ubica en el último lugar del ranking de políticos salteños que recientemente han intentado alcanzar la segunda magistratura de la República en unas elecciones populares, por detrás de Armando Caro Figueroa (10,22% en 1999), Juan Carlos Romero (24,45% en 2003), Ricardo Gómez Diez (16,37% en 2003) y Gustavo Sáenz (21,39% en 2015).
A ello se le debe sumar el hecho de que en la propia Provincia de Salta, la candidatura de Urtubey (el hombre que «se preparó toda su vida» para ser Presidente) ha conseguido la impensada cifra del 10,84% de los votos, y que tanto sus candidatos a senadores como a diputados nacionales se han quedado fuera del reparto de escaños, por primera vez en casi quince años de historia.
Sobre la caída libre de Urtubey se pueden subrayar a estas horas dos circunstancias especialmente relevantes:
1) La primera, el altísimo costo económico de los pocos votos conseguidos por el candidato en las elecciones reales.
2) La segunda, el estrepitoso fracaso de la «Operación Gaviota», la audaz maniobra con la que Urtubey intentó sacar ventajas electorales y que tenía como principal reclamo su matrimonio con una conocida actriz de telenovelas.
Sobre lo primero hay que decir que tanto la campaña personal de Urtubey para intentar colarse entre los principales candidatos a presidir el país, como la campaña posterior -ya de tono menor- con la que el Gobernador de Salta intentó ofrecerse como candidato a Vicepresidente de la Nación han sido pagadas, prácticamente en su totalidad, y a un altísimo precio, con recursos opacos cuya procedencia no está suficientemente clara, pero que se sospecha han salido de las arcas públicas del Estado provincial salteño. Tanto Urtubey como su compañero de cartel en estas elecciones, Roberto Lavagna, deberían ofrecer ya mismo a la ciudadanía y al resto de partidos la posibilidad de practicar una auditoría pública y abierta, con control parlamentario, sobre sus cuentas y movimientos de campaña.
Sobre lo segundo se debe subrayar que en los últimos tres años Juan Manuel Urtubey protagonizó un complicado aunque respetable giro en su vida personal, especialmente después de que a finales de enero de 2016 falleciera su padre. Este giro alcanzó su cénit con la incorporación a la estrategia de imagen política del personaje de su segunda esposa, primero, y de su pequeña hija, después, explotadas hasta el cansancio en los medios de comunicación nacionales. Al final, la combinación entre el Gobernador apuesto y promisorio y la actriz popular (fórmula que encumbró al expresidente de México Enrique Peña Nieto) no ha dado los resultados esperados, ni en Salta ni en la Argentina.
Salta sufre
Urtubey se aleja temporalmente de los primeros planos de la política dejando a Salta en llamas.Derrotado ya en las pasadas elecciones mid term de 2017, el gobierno de Urtubey ha sido desde entonces una caricatura siniestra de la decadencia, personificada en la sombra espectral de su ministro de Gobierno, Marcelo López Arias, máxima expresión local de la impotencia intelectual y la inoperancia política.
A poco más de un mes para que concluya el tercero de sus mandatos consecutivos como Gobernador, en Salta se pueden contar por decenas los graves y grandes escándalos sociales y económicos provocados por el abandono del gobernador de sus responsabilidades (motivado en gran parte por su calculada entrega a las grandes causas nacionales) y por la completa inutilidad de los miembros de un gobierno cuya calidad ya se venía deteriorando desde tiempo atrás.
Solo la irresponsabilidad y la miopía políticas podrían hacer que los resultados de las elecciones de ayer en Salta fuesen leídos solo en clave de «polarización» entre kirchnerismo y antikirchnerismo. Tanto las cifras como la distribución territorial de los votos hablan a las claras de un castigo ciudadano a la inoperancia y a la frivolidad de Urtubey, así como de una reacción de insatisfacción cívica frente a la pobre y generalmente tardía respuesta de su gobierno frente a los principales desafíos que afrontan la sociedad y la economía de Salta.
El Gobernador que abandona su cargo con semejante pasivo y que además se marcha con un rapapolvo electoral en sus narices es el mismo que días antes decidió imponer, sin consensuarlo con los principales aspirantes a sucederlo, a dos jueces de la Corte de Justicia (dos fieles servidores), y el mismo que el pasado mes de mayo concretó la infeliz maniobra de designar un nuevo Procurador General y otro juez de la Corte cuando por el calendario constitucional no le correspondía hacerlo.
Es decir que un Gobernador con escandalosas cifras sociales, con su poder menguado, con su popularidad bajo mínimos y aplastado en unas elecciones en las que ha sido derrotado sin atenuantes, no solo deja como herencia una Salta quemada sino también unas instituciones dominadas por su intenso personalismo, que si el próximo Gobernador que surja de las elecciones del 10 de noviembre no lo remedia mediante la anulación de los nombramientos ilegales, expondrá a Salta a un largo periodo de sumisión a los intereses de una persona que ha coronado la cúspide de su madurez personal y política con una derrota escandalosa, pero merecida.