Ayer, mientras en todo el país se hacía público que Juan Manuel Urtubey fue requerido por representantes del Fondo Monetario Internacional, en su calidad de candidato a la Presidencia de la Nación, en Salta, el aparato informativo oficial daba cuenta de la reunión como si la misma o su contenido fuesen actos públicos del gobierno de Salta.
La información oficial recoge una serie de lugares comunes en materia de economía y política domésticas, supuestamente expresados por Urtubey a la delegación internacional, integrada por el italiano Roberto Cardarelli y el jamaicano Trevor Alleyne.
Para más confusión y gravedad, los visitantes extranjeros no fueron recibidos en un local partidario que sostenga la candidatura de Urtubey, sino en una instalación oficial del Estado salteño: la Casa de Salta en Buenos Aires, en donde, al parecer, Urtubey tiene instalado el cuartel central de su campaña presidencial; gratuitamente, por supuesto.
A la reunión tampoco asistió ningún hombre vinculado directamente a la campaña presidencial de Urtubey sino los señores Fernando Yarade (Jefe de Gabinete) y Emiliano Estrada (Ministro de Economía), quienes por razones legales y constitucionales deben lealtad al Estado provincial salteño en primer lugar y solo después (en su tiempo libre) pueden servir a las necesidades proselitistas de su jefe.
Desde luego, tampoco el contenido de la conversación tuvo que ver con la Provincia de Salta. Según el aparato de comunicación del gobierno, Urtubey, en su papel de líder nacional, «intercambió visiones estratégicas vinculadas al futuro de la Argentina», algo que no le está vedado hacer, pero en el lugar y con la compañía de las personas adecuadas; es decir, no en las instalaciones de la Casa de Salta (cuya factura diaria pagan los salteños), ni en compañía de dos de sus ministros, que son remunerados con los impuestos provinciales.
La situación tan extraña no ha pasado desapercibida para los ejecutivos del FMI, que han tomado prolija nota de lo que es capaz el gobernador/candidato en materia de uso de los recursos del Estado para fines personales.