Pocas horas antes de que una instalación gubernamental de la Provincia de Salta (el Centro de Convenciones de Limache) se convierta en el escenario de un acto político personal de su candidatura a Presidente, el Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, ha sorprendido a la parroquia con una declaración de «reconocimiento» a Juan Guaidó como nuevo presidente interino de Venezuela.
El profesor de Derecho Constitucional (Urtubey) ha vuelto a derrapar y lo ha hecho esta vez de una forma que ha dejado más clara que nunca su ignorancia en cuestiones jurídicas.
El reconocimiento del gobierno de un Estado al gobierno de otro es un acto que compete exclusivamente a las autoridades estatales legitimadas (en el caso de la República Argentina, a las autoridades del gobierno federal, nunca a las de las provincias).
Es por esta razón que el hecho de que un Gobernador de Provincia se haya pronunciado sobre la legitimidad del gobierno de Venezuela, antes de que lo hubiera hecho oficialmente la Cancillería argentina, es un hecho grave que compromete la imagen internacional de nuestro país y la seriedad de sus instituciones.
Si a Urtubey le está vedado pronunciarse sobre este asunto en su calidad de Gobernador de Salta, con mucha mayor razón no le está permitido hacerlo como candidato a Presidente de la Nación, pues, salvo que se tratara simplemente de adherir a una declaración anterior de la Cancillería, cualquier opinión suya sobre la materia debería ser interpretada como una profunda deslealtad institucional hacia el gobierno nacional.
El reconocimiento de los gobiernos no es cualquier cosa que se pueda lanzar al viento en el fragor del combate ni en cualquier otra circunstancia. Es un acto político unilateral regulado por el Derecho y la práctica internacional que normalmente tiene dos significados relevantes: por un lado expresa la voluntad de una parte de reconocer al gobierno de otro Estado con la intención de otorgarle un estatus legal determinado y, por el otro, pone de manifiesto la voluntad del sujeto activo del reconocimiento de entablar con el gobierno reconocido relaciones diplomáticas.
Ninguna de estas cosas puede hacer un gobernador de provincia en la República Argentina, y mucho menos un candidato presidencial. Los dos deben someterse a la decisión oficial del sujeto encargado de las relaciones exteriores del país, y hacer conocer su opinión al respecto una vez que la autoridad competente haya dado a conocer la suya.
Si la suerte del gobierno del señor Guaidó dependiera de reconocimientos como este, sería incluso más útil -y probablemente más democrático- pedir la opinión de los lustras de la Plaza 9 de Julio, que para este caso tiene exactamente el mismo valor jurídico que la opinión del Gobernador de Salta.