
El requerimiento comprende también a los miembros del Tribunal de Cuentas, a quienes les imputa un delito de incumplimiento de deberes de funcionario público por omisión de controles, si bien Villalba Ovejero, que se desempeña como Fiscal de Impugnación, ha dejado esta última imputación librada al criterio del fiscal que en definitiva se haga cargo de las actuaciones.
Los delitos presuntamente cometidos por Rodríguez y Costa están relacionados con el manejo discrecional de fondos públicos, sin rendición de cuentas, entre los años 2009 y 2012 en el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Salta. Las actuaciones se iniciaron por una denuncia del letrado y exconcejal Roque Arturo Rueda Torino, aunque la actuación fiscal solo se basa parcialmente en la denuncia presentada.
La denuncia original aludía a un supuesto desvío de fondos por cantidades superiores a los 90 millones de pesos, pero los fiscales resolvieron archivarla teniendo en cuenta que la exención de rendición de cuentas fue aprobada con anterioridad, incluso por los propios concejales denunciantes.
Sin embargo, aquella denuncia puso también en tela de juicio la legitimidad y legalidad de la actuación del secretario administrativo del Concejo en relación con el manejo de esos fondos y motivó que el fiscal Villalba Ovejero tomara la decisión de imputar no solo al secretario Costa sino también al presidente Rodríguez, que ahora dependen de que un juez decida si son citados o no a declarar como imputados y ejercer su defensa.