El magistrado ha comenzado aclarando la confusión producida en algunos medios por la coincidencia temporal de los comunicados emitidos por el colegio que él preside y por su nemesis, la Asociación de Jueces del Poder Judicial de Salta.
En este sentido, Eduardo Arturo Barrionuevo ha aclarado que el Colegio de Magistrados no ha hecho referencia a ningún «escrache» en su comunicado y ha dicho también que la postura de la asociación civil que preside «no está orientada de modo alguno a restringir los derechos de los ciudadanos».
En una velada pero inequívoca referencia a la triste actuación del Ministerio Público Fiscal en el sonado asunto de los hermanos Peñalva, Barrionuevo ha dicho que el comunicado del Colegio de Magistrados no apunta a limitar los derechos de las víctimas ni de los familiares de víctimas que ejercen sus derechos en un proceso penal, ni de los familiares de imputados.
Para Barrionuevo, los ciudadanos tienen derecho a opinar sobre la forma en que realizan su trabajo los jueces del Poder Judicial o los magistrados del Ministerio Público.
Tras afirmar con convicción de que «las críticas no molestan» (a los jueces), Barrionuevo ha dicho que tampoco molestan las críticas de la prensa, pero que lo que provoca la irritación del Colegio de Magistrados es que «funcionarios que son parte del servicio de justicia (sic) hagan críticas genéricas sobre el servicio de justicia (sic), poniendo en duda la honestidad y la diligencia de todo un distrito judicial, cuando desde la responsabilidad institucional que tienen, en todo caso, de conocer alguna irregularidad, tienen los caminos institucionales para iniciar las acciones que correspondan».
A preguntas de su entrevistadora, Barrionuevo ha dicho que se refiere «exactamente» a las afirmaciones acusatorias del Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo Castellanos.
A renglón seguido, el juez ha matizado que no es su intención «personalizar en la persona» de Cornejo, «porque han habido otras situaciones análogas».
Barrionuevo ha dejado caer, sin embargo, que el Ministerio Público Fiscal que dirige Abel Cornejo da respuestas mediáticas y demagógicas en vez de dar las «respuestas institucionales» que los ciudadanos esperan, y ha insinuado también que ciertos funcionarios públicos -en virtud de un «deber de mesura»- no deben opinar acerca de trámites que no conocen integralmente.
Finalmente, el juez penal se ha quejado de que las críticas lanzadas desde el Ministerio Público Fiscal se han dirigido -a su juicio, injustamente- «a todo el distrito judicial de Metán», por lo cual ha invitado a sus colegas a ejercer su derecho a opinar «de forma responsable» y a los fiscales a ejercer la censura de las resoluciones judiciales dentro del proceso y con las herramientas que la ley consagra para obtener la revisión de aquéllas, y no a través de los medios de comunicación.