En cualquier país del mundo, una información de esta naturaleza nos sería suministrada por la autoridad sanitaria, no por la judicial.
Pero en Salta -como casi todos sabemos- el gobierno y la administración (mucho menos los médicos y los enfermeros gubernamentales) no penetran en el cerrado mundo judicial, pues en esta galaxia autónoma y autárquica mandan con mano de hierro los jueces de la Corte de Justicia, que un día son expertos en delicadas cuestiones constitucionales y al día siguientes dan lecciones de microbiología y de manipulación genética del sistema inmunológico, cuando no lo hacen también acerca de los beneficios de la lactancia materna natural.
La información dice que los 72 «casos positivos de COVID-19» corresponden a 12 en enero (mes en el que el Poder Judicial trabaja en modo hibernación), 32 de febrero y no dice nada de marzo, con lo que nos invitan a tirar de matemáticas para saber que en el tercer mes del año los «positivos» fueron 28.
Dice también que en la actualidad dos juzgados se encuentran trabajando «en» forma remota (en realidad es «de», pero se lo perdonamos).
La Corte pretende hacernos creer que los magistrados, funcionarios y empleados de los juzgados de Civil 3 y Personas y Familia 2 están trabajando normalmente «con los medios tecnológicos disponibles», pero la verdad que no nos cuentan es que los «medios disponibles» son insuficientes para desarrollar un trabajo normal y respetuoso de los derechos de los justiciables, pues sin contar con que estos órganos tramitan muchos expedientes que todavía están en papel, lo cierto es que el cierre de las oficinas no ha supuesto una suspensión de los plazos procesales y los jueces están poniendo todo de su parte para poder sacar el trabajo adelante con enormes dificultades.
Como siempre, las prolijas estadísticas judiciales distinguen entre los diferentes distritos territoriales. Así 56 de los 72 «positivos» son del Distrito Judicial del Centro. El resto corresponde, obviamente, a los otros distritos. Otra vez, si usted no sabe restar, quedará huérfano de información.
Lo importante, en cualquier caso, es que los señores magistrados supremos tienen asegurado que en los edificios del Poder Judicial de Salta se siguen aplicando las medidas preventivas sugeridas (por ellos mismos, claro) para evitar la propagación del COVID-19. Así, en todos los accesos al edificio, incluyendo los internos de personal, se realiza control de temperatura corporal y se aplica alcohol en gel en las manos de quienes ingresan. Los que «ingresan», no a los edificios, sino como abogados al servicio del Poder Judicial deben, además, darse una ducha de agua bendita mezclada con té de quimpe (según se comenta, pues este extremo aún no ha sido confirmado).
Responsable del control y seguimiento de los casos positivos y contactos estrechos de casos positivos es el Servicio de Salud Ocupacional del Poder Judicial, algo así como la OMS, pero trasladada al Huaico.