Dice esta información que el joven Lucas José Villagra se encuentra imputado por los delitos de tentativa de robo y desobediencia judicial, aunque del relato de los hechos efectuado por el portavoz judicial de prensa no queda claro que hubiera cometido estos delitos.
El caso es que el joven Villagra fue denunciado por su propia abuela el pasado 6 de diciembre de 2020. La mujer, cuya edad no ha sido informada, dijo que aquel día su nieto se presentó en el domicilio de ella «para pedirle plata» (que no es delito), pero que se la negó.
Más tarde, cuando la mujer salió de su casa, el joven Villagra «la siguió por detrás» (una solución lógica ya que es bastante más complicado seguir a alguien por delante) mientras le gritaba y le insistía que le dé dinero (tampoco constituyen delito estas acciones).
Dijo la denunciante que al llegar a la avenida Artigas, el joven Villagra intentó sustraerle el teléfono celular, pero da la casualidad de que no pudo robárselo, ya que desde el mismo aparato la mujer «llamó a su pareja», pero no para decirle que el nieto intentaba robarle, sino para «avisarle que la estaba molestando».
El «abuelo» llamó entonces a la Policía, que se presentó en el lugar y detuvo al joven Villagra.
Es de suponer que lo detuvieron no por pedirle plata, no por seguirla «por detrás», no por insistir, no por molestarla, sino por intentar robarle el teléfono.
Pero la tentativa de robo ya había cesado, puesto que de no ser así la mujer no pudo haber llamado desde su propio aparato al «abuelo» para que resuelva el asunto.
Es decir que la Policía volvió a detener a un hombre cuando no había delito en curso de ejecución y por una simple llamada telefónica.
El caso es que, una vez detenido Villagra (y no antes) saltó que la abuela ya lo había denunciado con anterioridad por violencia familiar y que sobre el joven pesaban medidas cautelares de prohibición de acercamiento y de ejercer actos de violencia en contra de la mujer.
Desde aquel día el joven (y van casi cuatro meses) Villagra se encuentra detenido con prisión preventiva en la Alcaidía General de Salta. Por una tentativa de robo que no está suficientemente clara y por -supuestamente- desobedecer la medida judicial de alejamiento.
Lo llamativo es que el delito de desobediencia (Artículo 239 del Código Penal argentino) tiene previsto una pena de prisión de quince días a un año, de modo que, si nadie lo remedia, cuando el joven Villagra sea finalmente juzgado estará rozando en prisión preventiva el máximo del castigo legal.
No se sabe la razón por las cuales la jueza Puertas mantiene desde diciembre pasado al joven Villagra en prisión preventiva.