La expansión del virus ha provocado una situación excepcional que ha empujado a los gobiernos a adoptar decisiones urgentes que, en algunos casos, han generado un escenario especialmente propicio para la corrupción y las malas prácticas.
La organización Transparencia Internacional, que periódicamente elabora un índice de percepción de la corrupción en todo el mundo, ha definido a esta patología social como «el abuso del poder para beneficio propio». Según TI, «puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca».
En base a esta definición, esta organización global de la sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción desde hace más de 25 años afirma que los casos de políticos, militares, periodistas influyentes, curas, jueces, alcaldes o consejeros de Sanidad que se han hecho vacunar saltándose los protocolos y el calendario establecido para asegurar la vacunación prioritaria de los grupos más expuestos, y que en estos días han salido a la luz pública, no son otra cosa más que corrupción.
Lo ha dicho con claridad el señor Manuel Villoria, politólogo y miembro de la dirección de Transparencia Internacional España, al presentar el Índice de Percepción de la Corrupción 2020: «Nuestra definición de corrupción implica un abuso de poder para un beneficio privado. En estos casos está claro que si alguien abusa de ese poder para poder decidir sobre las vacunas y es para beneficio privado, es un caso de corrupción claro».
Precisamente la falta de transparencia y la ausencia de rendición de cuentas -dos de los puntos más débiles de la Corte de Justicia de Salta- incrementan sobremanera la sospecha de corrupción. En 2020, los jueces que integran el máximo tribunal de justicia de la Provincia -cuyo número ha sido incrementado a nueve por una decisión adoptada por el Gobernador de Salta y posteriormente ratificada por la Legislatura- se han negado a revelar la cuantía de los sueldos que perciben, a pesar de haber sido demandados judicialmente para ello en base a la ley que regula el acceso ciudadano a la información pública.
No sería de extrañar, por tanto, que la noticia de la vacunación de privilegio de estos jueces fuese cierta y que estemos frente a un caso de corrupción política y de abuso de poder en beneficio propio.
Por motivos similares -la vacunación de personas cuando no corresponde- en España ha debido renunciar el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Miguel Ángel Villarroya, y en la Argentina el Presidente de la Nación debió cesar a su ministro de salud por haber favorecido la vacunación irregular, entre otros muchos, del periodista Horacio Verbitsky, cercano al poder.
Si la noticia de la vacunación de los jueces de la Corte de Justicia de Salta se confirmara, se confirmaría también la necesidad de revisar las estructuras de control y rendición de cuentas en situaciones de emergencia, para evitar poner en riesgo las estructuras institucionales y democráticas.
La sola insinuación de que los más altos jueces de Salta pudieran haber sido vacunados de espaldas a la sociedad, sin pertenecer a los grupos llamados a recibir la vacuna y por el uso indebido (activo o pasivo) de influencias, es razón suficiente para que los magistrados afectados salgan a aclarar debidamente esta cuestión.
La admisión de una irregularidad de esta magnitud, que como queda dicho es considerada internacionalmente como un acto de corrupción política es causa suficiente para forzar la dimisión tanto de los benefactores como de los beneficiados.