Como se recordará, pendiente la tramitación del proceso, la Corte de Justicia mandó a publicar en su página web una «escala de retribuciones» comprensiva de todas las categorías de agentes del Poder Judicial, sin que de ella se pudiera colegir la cuantía real de lo que mensualmente se llevan al bolsillo los nueve jueces titulares de la Corte.
La maniobra -intentada in extremis, para marear la perdiz- dio sus frutos procesales, ya que el obediente juez Araníbar resolvió rechazar el amparo solicitado, dejando no solo a los demandantes sino al resto de la ciudadanía en la más completa ignorancia acerca de una información pública que es considerada fundamental para el proceso democrático.
Los jueces designados por sorteo son los señores y señoras Verónica Gómez Naar, Alejandro Lávaque, Alfredo Gómez Bello, Guadalupe Valdez Ortiz, Eduardo Arturo Barrionuevo, Sergio Osvaldo Petersen, Rubén Eduardo Arias Nallar, María Constanza Espeche y Virginia Haydée Solórzano.
Ellos serán -por lo pronto- los encargados de resolver las recusaciones formuladas por los apelantes contra los nueve miembros titulares, cuyos fundamentos giran en torno al visible interés de los jueces de la Corte de Justicia en el resultado del pleito, que, según los recurrentes, compromete su imparcialidad.
Sostiene Salta Transparente en su escrito de apelación que «resultaría un escándalo» la sentencia definitiva en el juicio de amparo fuese pronunciada «por los mismos jueces» que integran normalmente la Corte de Justicia. Ello -dicen- «implicaría violar derechos básicos que consagra y garantiza nuestro ordenamiento jurídico, tales como el de ser oído por un juez o tribunal independiente e imparcial».
La Corte de Justicia de Salta es probablemente una de las instituciones del Estado menos transparentes, por no decir la más opaca. Entre sus exorbitantes poderes cuenta con la facultad de corregir disciplinariamente al resto de los jueces investidos del poder judicial. Esto incluye, lógicamente, a los nueve jueces de reemplazo (cuyos sueldos se conocen públicamente y sin necesidad de una condena judicial), algunos de los cuales se verán en el aprieto de servir a los intereses de los poderosos jueces supremos o exponerse, en caso contrario, a un ridículo mayor en instancias judiciales superiores, ante la opinión pública o frente a tribunales internacionales.