Algunos se han quejado de que el proyecto de ley haya sido remitido a la Legislatura «sin fundamentos». Pero aunque esto sea inusual, no hay ninguna norma de Derecho que obligue al Poder Ejecutivo a redactar «fundamentos» para las proposiciones de ley que elabora y menos aún a abrocharlos junto al texto que aspira a convertir en ley. Existe solamente una norma de estilo.
Quienes sí están obligados a fundamentar tales proyectos son los legisladores, porque así lo establece el reglamento de cada una de las cámaras. Estos reglamentos, tanto por su alcance como por su rango normativo, no obligan al Poder Ejecutivo.
El no haber justificado por escrito la necesidad y la oportunidad de aumentar el número de jueces de la Corte de Justicia ha permitido al gobierno evadirse del debate y dejar flotando solo «la cuestión del género» y la de la «agilización de la justicia».
La postura del Colegio de Abogados de Salta
Pero bien ha dicho el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta en una comunicación oficial, que si la intención del gobierno al ampliar la Corte era la de avanzar hacia un tribunal «paritario», esta intención debió aparecer reflejada en el texto de la ley y no quedar librada al albur de las veleidades gubernamentales.Si bien el Colegio de Abogados se queja por «no haber sido consultado» en este asunto, lo cierto es que las normas que invoca para justificar la «consulta» que debió haber sido y no fue, no guardan ninguna relación con el derecho vigente. En efecto, la corporación de los abogados salteños invoca los incisos 5 y 8 de la ley provincial 5412, que establecen entre los «deberes» de la organización colegial el de «colaborar en estudios, informes, proyectos y demás trabajos que los poderes públicos le encomienden (...) referidos (...) a la legislación en general».
Es increíble, pero una organización que tiene atribuida por ley una responsabilidad tan grande como esta de acudir en auxilio de los poderes públicos en materia de «legislación general» no es capaz de distinguir entre el «deber» de acudir a la llamada para colaborar cuando su ayuda sea requerida y el «derecho» a hacerlo cuando nadie le ha dado vela en el entierro.
El Colegio de Abogados ha hecho, además, una cosa muy loable y que parece estar de moda en los últimos tiempos. En su comunicado ha ofrecido, al gobierno y a la Legislatura, un texto para ser incluido en la ley. Este texto dice así: «Cualquiera sea su número, la composición de la Corte deberá respetar la paridad de género, entendiéndose por tal a la integración con mujeres en un 50%, como mínimo. El género estará determinado por su documento de identidad independientemente de su sexo biológico».
Es decir, que lo que propone el Colegio de Abogados es que sean consideradas «mujeres» aquellas que han nacido hombres, y que sin necesidad de cirugía, de complejas evaluaciones psiquiátricas y con el solo amparo de ese nuevo Espíritu Santo que se conoce con el nombre de «autopercepción», decidan cambiar su nombre en el DNI por el de «Guillermina», «Fabiana», «Paula», «Ernesta» o el más popular de «Sergia». A juicio de la Corporación, solo así tendríamos una Corte justa y paritaria.
Jueces de la Corte y niños muertos
Pero no es este el argumento más lamentable de todos los que se han escuchado y leído en las últimas dos semanas.A la cabeza de todos figura la relación entre la composición legal de la Corte de Justicia y la situación de emergencia sociosanitaria que se vive en el norte de la Provincia. El argumento dice más o menos así: «No es momento de discutir sobre justicia cuando se están muriendo niños por desnutrición en el norte de Salta».
Pero esto equivale, más o menos a decir: «Como la situación es tan grave en el norte, pues cerremos el gobierno y no tomemos ninguna decisión». Los partidarios de la política-catástrofe hubieran suspendido hasta la propia procesión del Milagro si la emergencia sociosanitaria se producía a mediados de septiembre y no de febrero.
En la relación entre justicia y desnutrición hay una infinidad de matices y de suspicacias que convendría tener en cuenta, puesto que no falta quien piense que el gobierno (o mejor dicho, el ala urtubeísta del gobierno, con Posadas a la cabeza) ha forzado la discusión sobre la Corte para que los que tienen que controlar al gobierno (los legisladores provinciales y la propia Corte) no se alborotaran pidiendo explicaciones por los cientos de millones de pesos que se evaporaron durante los doce años de gobierno de Urtubey y que debieron ayudar a sacar del atraso y la miseria a miles de salteños que todavía, y muy a su pesar, viven aislados y excluidos. Es que cualquiera sabe que si escarbamos un poco, vamos a encontrar nombres, apellidos y cantidades que podrían acabar con la carrera política de más de uno. Y esto es lo que no quiere -al parecer, por el momento- el gobierno de Sáenz.
Si la Corte de Justicia está tranquila, a pesar de las horrorosas noticias que llegan desde el norte, mucho más lo está nuestro ilustre Procurador General, por cuanto a ningún fiscal del territorio se le ha movido un pelo al enterarse de cosas como la inmoral y presuntamente delictiva desaparición de los datos personales recogidos, almacenados y tratados de forma automatizada por el antiguo Ministerio de la Primera Infancia; la inexistencia casi criminal de obras presupuestadas, pagadas y no concluidas; la gestión de «manos libres» del infeliz Fondo de Reparación Histórica o el abandono de los principales servicios que presta o debía prestar el Estado en los parajes en donde vive la población afectada. Es que si los fiscales se ponen a investigar esto, probablemente el barro de las baldosas flojas que pisen termine salpicando a Urtubey. Por eso, mejor persigamos al viudo, impidamos que se defienda, hasta que algún día se quiebre y confiese.
El costo económico y la agilización de la justicia
Otros ponen el acento lo que le costarán al exhausto erario dos jueces que ganan unas cantidades astronómicas de dinero. Dicen que con solo el sueldo de estos dos nuevos jueces se podrían perforar no se sabe cuántos pozos de agua. Pero seamos sinceros: aunque las dos cosas sean verdad (y no hay por qué negarlas), plantarnos en la tercera década del siglo XXI y salir alocadamente a cavar pozos de agua para que los niños wichi no tengan que beberla de los charcos infectos, es una vergüenza absoluta. Es casi un poco más elegante esconder este patético atraso civilizatorio diciendo «vamos a mejorar el servicio de justicia», «vamos a tener la Corte más paritaria del país». En materia de modernidad, en Salta siempre ha valido más la modernidad aparente que la real.Si lo que justifica la ampliación de la Corte es lo que han dicho los legisladores que la han votado y llamado a votar a favor del proyecto, es que el truco de enviar el texto sin fundamentos no ha dado el menor resultado.
El argumento de la «agilización de la justicia» tiene una debilidad lógica muy importante: el aumento de siete a nueve provoca automáticamente la dilatación -que incluso podría no ser proporcional- de los tiempos de deliberación del tribunal. Es decir, que si el objetivo es el de «agilizar», más que aumentar, se debió reducir el número de jueces, para abreviar así los tiempos de deliberación, circulación de los expedientes y fallo.
Hablamos de un tribunal que por una infinidad de razones legales no podrá funcionar en «salas», como se ha dicho hasta la saciedad. La primera razón es que cuando la Corte dicta sus famosas «acordadas» (y estas son, desgraciadamente, cada vez más abundantes y frecuentes, hasta el punto de que ocupan una parte importante del tiempo y los recursos de la Corte) solo cabe que los «acuerdos» sean adoptados por el pleno del tribunal; es decir, por todos. Es impensable que la Corte pudiera crear una «sala de acuerdos», porque quienes integraran esta sala tendrían un plus de derechos en relación con el gobierno del Poder Judicial respecto de sus pares. Para hacer algo como esto, se requiere reformar la Constitución.
Otro tanto sucedería con las cuestiones relacionadas con el Derecho Constitucional y con el Derecho Público Provincial y Municipal. No hay razones legales para que la Corte no se constituya en pleno para debatir y decidir controversias regidas por este tipo de normas.
Además, para que la Corte se divida en «salas» la ley que regula su número, composición y funcionamiento, debió haber sido redactada en términos imperativos y concluyentes y no en términos meramente facultativos (es decir diciendo que «podrá» dividirse en salas). Cuando la nueva ley entre en vigor, corresponderá preguntarse, primero, quién decide si la Corte se divide en salas o no se divide. Y segundo, cómo hará su actual presidente para tener mayoría en cada una de las salas, puesto que en cada sala necesita al menos dos jueces de su «riñón» para que los asuntos se decidan como él quiere.
Es decir, que si se juntan las dos cosas, (1) que la decisión de funcionar en salas quede en manos de la propia Corte (lo cual no sería de extrañar) y (2) que el señor presidente de la Corte descubra que no llega a conformar la mayoría que necesita en cada una de las salas, lo más probable que es esta aspiración «agilizadora» se quede en agua de borrajas.
El aumento de la litigiosidad y la conflictividad
En lo que se refiere a la justificación por el «aumento de la litigiosidad, la conflictividad y la criminalidad», solo se puede decir que estamos ante otro argumento peregrino. Así como no se conoce la cuantía de los sueldos de los jueces de la Corte de Justicia, tampoco se conoce el volumen de asuntos que despachan por año. Es decir, no sabemos en principio si su carga de trabajo es proporcional a la remuneración que consiguen.Lo que es bastante llamativo es que ninguno de estos datos ha salido a la luz durante el debate parlamentario de la ley, en el que se ha hablado de «aumento de la litigiosidad» sin el apoyo de cifras de ninguna naturaleza.
Pero, si efectivamente en Salta han aumentado la litigiosidad y la conflictividad, cómo es que toda esa energía «peleadora» que tenemos los salteños, que es producto quizá de nuestro indómito espíritu gaucho, no se canaliza a través de nuestro supuestamente bien desarrollado sistema público de mediación. ¿Acaso no está el exgobernador Urtubey en Sevilla sacando pecho de la excelencia de nuestros mediadores?
Si la mediación funcionara de verdad -y se duda bastante de que lo haga en Salta- los juzgados y demás órganos judiciales deberían estar ahora mismo desahogados y funcionar como relojes. Si no sucede así es porque algo está fallando, en el sistema judicial o en la mediación. Y esto, lógicamente, afecta de forma particularmente intensa al funcionamiento de la Corte de Justicia.
A casi diez años de la entrada en vigor del nuevo régimen procesal penal «acusatorio», nos hemos dado cuenta de que la reforma solo ha servido para que nos hinchemos de fiscales (algunos más figurones que otros) y que al mismo tiempo las causas penales se multipliquen por veinte, como se multiplica la cantidad de crímenes horrendos que no son resueltos. Nuestras cárceles están a rebosar, incluida la Alcaidía General; no porque haya ahora más criminales que antes, sino porque los fiscales le han ganado definitivamente la partida a los jueces de garantías, que son meros invitados de piedra al festín que tiene por víctima propiciatoria a la presunción de inocencia.
La eficiencia judicial
Pero no solo han faltado en el debate parlamentario estudios cuantitativos en lo que se refiere a litigiosidad. Tampoco ha habido datos ni discusión alguna sobre eficacia y eficiencia judicial como instrumentos para crear un entorno favorable para la inversión, las empresas y los ciudadanos. Tampoco se han puesto de manifiesto las ratios anuales entre los asuntos que entran y los que resuelven en las diferentes instancias. No se conocen datos precisos sobre la productividad de cada órgano judicial. Se ha hablado de «falta de jueces», pero nadie se ha detenido a reflexionar que la Provincia de Salta, con 9 jueces por cada 100.000 habitantes estaría hoy a la cola en cualquier país de la Unión Europea. Por faltar, han faltado cifras concretas del gasto porcentual en jueces en relación con el gasto total del Poder Judicial en Salta, con lo cual el problema de la eficacia presupuestaria ha sido nuevamente ignorado.Por otro lado, los que se han llenado la boca hablando de «agilidad judicial» -incluidos los portavoces del gobierno- no han dicho una sola palabra sobre la reforma de las leyes que regulan los procesos judiciales, para introducir elementos de eficiencia en la gestión de los procedimientos, que no limiten el derecho de defensa y permitan alcanzar la composición de la controversia judicial mediante la reducción de los recursos necesarios y el tiempo de espera. El Cuadro de indicadores de la justicia en la Unión Europea 2019 -que deberían tener en cuenta tanto los que organizan la justicia en Salta como los que la critican desde afuera- analiza detenidamente las iniciativas legislativas de los distintos países de la UE encaminadas a mejorar la eficiencia de los sistemas judiciales, y pone de manifiesto hasta qué punto han mejorado la respuesta judicial las reformas legislativas realizadas en materias tan importantes como el estatuto de los jueces, las reformas en el ámbito de la abogacía, el desarrollo de las TIC, la asistencia jurídica gratuita o las medidas para optimizar las demarcaciones judiciales.
En Salta se ha despachado en dos noches y sin datos un proyecto cuya tramitación parlamentaria debería haber iluminado mucho más a los ciudadanos. Pero entre las prisas del gobierno, la poca formación de legisladores y el pacto entre los diferentes sectores afines al gobierno para no discutir asuntos importantes, el resultado es el que ya conocemos.
Para finalizar
La travesura que ha intentado el gobierno en la Corte de Justicia ha servido -y esperamos, siga sirviendo- para tomarnos más en serio la pobrísima contribución de este órgano hipertrofiado al progreso de nuestra democracia y la plena vigencia de nuestras libertades.Ocho de cada diez personas que han opinado sobre el proyecto de ampliación han coincidido en algo que hasta hace poco no era ni siquiera tema de discusión: los enormes poderes superpuestos que acumula la Corte de Justicia (Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento, Tribunal Electoral, Escuela de la Magistratura, gobierno del Poder Judicial, poder disciplinario, superintendencia, autarquía financiera, iniciativa legislativa, poder normativo y control del notariado).
Es eso lo que hay que atacar. Aquí es donde hay que meter mano. Porque si a todo lo anterior se suma que estos poderes hoy son ejercidos prácticamente por un solo hombre, sin controles de ninguna naturaleza, es que no estamos ante un tribunal de justicia sino ante un gigantesco Leviatán que amenaza nuestra democracia y nuestras libertades como no lo hicieron antes en la historia, ni siquiera los militares.