Aunque han transcurrido más de dos meses desde entonces y aunque el pedido suscrito por tres magistrados (en nombre de todos los trabajadores afectados al trabajo durante la feria judicial) estaba fundamentado en la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial de Salta (5642/1980) y en las normas contenidas en el Reglamento Interno del Poder Judicial de Salta, aprobado mediante Acordada 5159 de fecha 3 de octubre de 1979, hasta la fecha, el escrito no ha sido respondido por la Corte de Justicia.
Por increíble que parezca, los firmantes de la petición dicen que se han enterado de la denegación de su solicitud por los diarios, lo cual abre un enorme interrogante sobre la calidad, la regularidad y la buena fe de los procedimientos internos de la Corte de Justicia.
Pero no es solo que la negativa de la Corte de Justicia haya sido publicada en el diario El Tribuno antes que comunicada a los jueces (lo que no tiene explicación ninguna) sino que preocupa que hayan sido los propios operadores políticos de la Corte los que filtraran el escrito a los medios y alimentaran consciente y deliberadamente el levantamiento de una ola de calumnias infundadas contra los tres jueces firmantes (Marcelo Domínguez, María Inés Casey y María Silvina Domínguez).
La Corte de Justicia no solo permitió sino que alentó el linchamiento mediático. Y lo que es peor: no hizo ni siquiera el intento de defenderlos, como correspondería al órgano que gobierna el Poder Judicial.
Por activa y por pasiva, la Corte le sirvió en bandeja los argumentos a ciertos lenguaraces muy activos en las redes sociales y bien conectados con el núcleo duro de la judicatura más conservadora de Salta para que atacaran sin piedad la honorabilidad de los tres jueces que habían firmado el escrito, en nombre propio, pero también en el de los indefensos trabajadores judiciales.
Para desgracia de los calumniadores, la operación se topó con una pared y murió a las pocas horas; entre otras razones, porque entre los calumniados se hallaba un magistrado de una larga trayectoria (más de 40 años) e impecable desempeño en la judicatura salteña. Ello, sin contar con que las otras dos firmantes de la carta son juezas de brillante currículum y dueñas de una capacidad de trabajo que haría avergonzar a más de uno (o una) de los/as que ocupan un asiento en la Corte de Justicia.
Pero los rescoldos de aquel incendio aún no se han apagado.
En el horizonte asoma el receso judicial de enero, que dura todo un mes, y que ya no es extraordinario (o acordado por circunstancias excepcionales) sino que forma parte de los tiempos y ritmos de la actividad judicial normal prevista en la ley y los reglamentos judiciales.
La Corte de Justicia se contradijo a sí misma al decidir la compensación en días de descanso o salario durante la primera de las ferias judiciales extraordinarias decretadas este año, cuando el virus parecía todavía una amenaza lejana. Sin embargo, cuando empezaron a caer los casos y las contabilidad de fallecidos comenzó a aumentar de forma preocupante, la segunda feria judicial no fue objeto de compensación ninguna, como señalan la ley y el reglamento judicial.
Ahora la Corte no tiene escapatoria, pero como en su carácter de «patrón» puede hacer casi lo que se le ocurra (si con la Constitución de Salta puede hacer lo que se le antoje, ¡qué podría no hacer en el ámbito de las relaciones laborales!), muchos recelan de que hará lo mismo que en septiembre; es decir, que se pondrá de perfil, se refugiará en el silencio (como sucedió también con el amparo para que se conociese la cuantía de sus sueldos) y privará de sus derechos a quienes ella misma designe para trabajar durante los días muertos (judicialmente hablando) del mes de enero.
Tal y como están las cosas en Salta, es probable que los jueces de la Corte de Justicia (todos ellos designados sin concurso, sin acreditación de mérito ni de idoneidad, con antecedentes judiciales en algún caso nulos y solamente por gozar de la confianza o la amistad del gobernante de turno) vuelvan a dar a conocer su postura al respecto a través de los diarios, sin tener la decencia y el buen tino de responder a quienes están preocupados por esa posibilidad -ya no tan remota- de que el trabajo durante las vacaciones judiciales no les sea compensado en forma alguna.
Lo que en el mefítico ámbito de la Corte de Justicia se denomina «elevado sentido del principio republicano», en las relaciones laborales comunes se llama sencillamente con el nombre de explotación laboral.