Sin embargo, hoy hemos conocido que dos jueces letrados de la ciudad, los señores Luciano Martini Bonari y Ramón Medina, ambos integrantes del Tribunal de Impugnación de la ciudad de Salta, han resuelto confirmar la pena accesoria de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que un tribunal inferior impuso a un agente de policía por haber usado para su provecho personal y sin autorización una moto que había sido secuestrada por orden de la autoridad judicial.
Aunque normalmente la lectura de sus resoluciones contradicen sus propias premisas, la sentencia de los dos magistrados habla en este caso, como en muchos otros, de “criterio racional”, de “contexto integrador”, de “verdad histórica” y de “normas de la lógica”.
Con semejantes cartas de presentación, ¿quién se animaría a interponer contra este bloque lógico sin fisuras un recurso de inconstitucionalidad?
Lo cierto y verdad es que la sentencia de los señores Martini Bonari y Medina confirma que la justicia de Salta tiene una doble (o múltiple) vara de medir, según quien haya cometido la ofensa. Cuando se trata de un policía de baja graduación, el simple aprovechamiento ilícito de una moto conduce a una condena contundente, pero cuando se trata de un exgobernador de la Provincia, que además es considerado «el padre» y la fuente de legitimidad de buena parte de los jueces y fiscales que ejercen poder en el territorio, ya la cosa cambia y el peculado que todos conocemos deja de ser peculado para convertirse en una conducta patriótica.
Casi nadie en Salta discute ya que el exgobernador Urtubey utilizó las aeronaves del Estado sin derecho, teniendo en cuenta la finalidad que tenían sus vuelos, todos ellos rastreables en web públicas. Si esta conducta puede o debe ser considerada delito es algo que tienen que decidir las autoridades competentes. Pero a estos efectos es exactamente igual un agente de policía que la máxima autoridad del Estado. Todos están en un plano subordinado al de la ley, que se debe aplicar tanto a uno como a otro sin mirar la condición de cada uno ni el poder que ejerce.
Según la comunicación oficial del Poder Judicial de Salta, el policía condenado a prisión en suspenso y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos sustrajo una motocicleta que se encontraba en la dependencia de Lola Mora por disposición judicial, para someterla al uso particular, sin estar autorizado para ello. Al momento del hecho, el policía prestaba servicios la Subcomisaría de Lola Mora y bajo su cuidado estaban los bienes secuestrados allí depositados.
A Urtubey también le confiaron el cuidado de los aviones para que disponga su utilización conforme a lo que prevén las leyes vigentes. Pero hizo con ellos lo que quiso, más o menos como el policía de la subcomisaría de Lola Mora.