Las críticas al anuncio oficial de que en poco tiempo Salta tendrá una justicia digital total no se han hecho esperar.
Los más escépticos son los propios jueces, que entienden que hay precipitación e improvisación en el proyecto de la Corte de Justicia, que contempla la creación de un faraónico centro de datos y la promesa de que muchos trámites judiciales se podrán realizar con un solo click.
'En algunos lugares tenemos Internet a carburo', dicen algunos magistrados, que anticipan la quiebra del principio de igualdad de armas en el proceso a favor de la parte que disponga de mayores recursos digitales y equipos más veloces. Otros denuncian que muchas computadoras de la Ciudad Judicial ni siquiera tienen puertos USB para conectar memorias flash u otro tipo de dispositivos.
'Hablan de una reconversión tecnológica que habría cobrado impulso durante la fase más dura de la cuarentena, pero olvidan que esas medidas de emergencia se fueron impuestas de forma autoritaria por la Corte de Justicia, sin respaldo legal y sin haber efectuado consultas a los sectores interesados', dicen las voces más críticas.
Como todo experimento impuesto desde la cúpula, el del expediente digital parece abogado al fracaso. El propio Defensor General de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, ha criticado la iniciativa diciendo: 'No tenemos agua en algunos sectores de la Ciudad Judicial, no podemos aspirar a tener un expediente digital'.
'No se trata solamente de presentación de escrito en PDF. Esto es lo más fácil. Hay serios problemas relacionados con la autenticidad de la prueba y su conservación que no se pueden solucionar mediante la utilización de la firma digital' advierten los que trabajan con documentación digitalizada. No hablamos de documentos cualesquiera, sino de pruebas críticas, investigaciones, fichas policiales, perfiles criminales y, en definitiva, un sinfín de documentos e información privada que reclama un nivel de protección al que el proyecto de la Corte de Justicia de Salta no da adecuada respuesta.
«El proyecto que anuncia la Corte de Justicia no es más que un webmail con ciertas prestaciones específicas. Los letrados van a poder presentar escritos a los órganos judiciales y recibir notificaciones electrónicas, más o menos como se viene haciendo hasta ahora», dicen los que ven con más desconfianza la nueva herramienta proyectada por el alto tribunal.
Otros han criticado la centralización de todos los documentos judiciales en un data center. 'Un cerebro que contenga la totalidad de los expedientes judiciales digitalizados de Salta es un blanco perfecto para los hackers. La seguridad más perfecta, la encriptación más avanzada, no garantiza que el sistema que soportará la justicia digital en Salta sea totalmente inmune a los ataques informáticos'. Más que la titularidad de los datos, lo que importa es su gestión y su integridad, como elemento que integra la garantía del debido proceso.
También se ha criticado la cruzada que ha iniciado la Corte de Justicia contra el papel, al que se ha acusado de transmitir el coronavirus. Los que intentan demonizar al soporte tradicional ignoran que la cultura del papel es un arte en constante evolución y que la informática, en vez de la sustitución total del papel, promueve su uso más inteligente y más compatible con las modernas exigencias medioambientales.
Por otro lado, el Poder Judicial de Salta es incapaz de asegurar ahora mismo la integridad de los datos sensibles de las personas que se incorporen a los expedientes digitales. El código fuente de la aplicación que soporta el sistema es desconocido e inauditable por expertos independientes, lo que acentúa su falta de seguridad y transparencia.
En suma, que nos encaminamos hacia la santificación de un sueño tecnológico carente de una base real sólida. Se pretende -dicen- presentar la reconversión tecnológica como un recurso para agilizar los procesos judiciales, pero no hay ningún indicador fiable y contrastado que permita sostener una afirmación como esta.
En cuanto a la 'mejora' del sistema, los magistrados insisten en que es prioritaria la actualización técnico-jurídica de los profesionales que prestan servicios en el Poder Judicial, porque entienden que 'la verdadera mejora de la calidad de la justicia no depende de la velocidad de procesamiento de las máquinas sino de la mejor formación de los recursos humanos y el despertar de una conciencia colectiva en la que prime la vocación de servicio hacia los justiciables y una idea compartida de respeto a la legalidad'.