Al igual que buena parte de los Defensores Oficiales y los Asesores de Incapaces de Salta, la dirección de la entidad corporativa que agrupa a los abogados locales, ante la evolución de los acontecimientos, intenta que sea el Gobernador quien le ponga freno a un claro exceso de la Corte de Justicia, irregularmente convalidado por la Legislatura provincial.
Sin recurrir a eufemismos -como lo suele hacer la Corte de Justicia en sus acordadas- el Colegio de Abogados le ha pedido al gobernador Sáenz que vete totalmente el proyecto de ley con sanción de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de Salta (Expte. 9142.288/20) que lleva el interesadamente confuso título de “Disposiciones procesales transitorias que resultan necesarias para adecuar los trámites judiciales a la emergencia sanitaria establecida en virtud de la pandemia del COVID-19”.
Dicen los abogados que el veto gubernamental es necesario «a los fines de resguardar las seguridades, derechos y garantías necesarias para los justiciables».
Pero para tutelar estas garantías imprescindibles para la equidad de los procesos judiciales, más que cargar las tintas sobre las videoconferencias como sucedáneos de los actos procesales presenciales, los abogados deben denunciar que la Corte de Justicia no tiene reconocida en nuestra Constitución ninguna facultad para dictar normas de naturaleza procesal, ni transitorias ni definitivas.
El hecho de que la Legislatura, mediante un procedimiento urgente plagado de irregularidades, haya refrendado el exceso normativo de la Corte (algo que no hizo con el famoso Decreto 255/2020, de 31 de marzo, del gobernador Sáenz) habla a las claras de que las «acordadas procesales» eran completamente inconstitucionales.