El señador nacional y exgobernador de Salta, Juan Carlos Romero, ha recusado hoy al Juez de Instrucción en Transición de Tercera Nominación, José María Alvarado Solá, argumentando la presunta falta de imparcialidad del magistrado. Tras una larga batalla judicial en la que Romero esgrimió siempre su condición de aforado y sus privilegios parlamentarios, Alvarado Solá dispuso recientemente citarlo a declarar en calidad de imputado en la causa caratulada “NN funcionarios del Poder Ejecutivo, Agustoni, José Luis; responsables de la sociedad Prados de Atocha SA; Pérez de la Fuente, Cecilia; Wayar, Laura Inés y Brizuela, Víctor Manuel, por el delito de peculado”.
El anterior procedimiento se halla aculumada otra causa -“Oviedo, Gilberto Enrique; Romero, Juan Carlos, por utilización con fines de lucro de informaciones o datos de carácter reservado art. 268 (1) CP”- por la que también fue citado a declarar, a instancias de la fiscal del caso, señora María Inés Loyola.
Romero había anunciado la recusación a Alvarado Solá en el diario El Tribuno -que es de su propiedad- y adelantado en él los argumentos que, a su juicio, demuestran la aparente parcialidad del juez Alvarado Solá y el carácter «electoralista» de la citación a declarar. Sorprendentemente, los argumentos aportados por el abogado de Romero para recusar al juez instructor se basan en pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La citación a Romero para que declare como imputado, a pesar de su condición de parlamentario, es posible debido a que la Corte de Justicia de Salta ha declarado que al caso es aplicable la ley nacional de fueros, tras desestimar un recurso de casación interpuesto por Romero y posteriormente declarar interpuesto fuera de plazo un recurso de nulidad contra el acto de notificación de la sentencia.