El sindicato que agrupa y representa a estos trabajadores públicos piensa -y no parece que le falten motivos para ello- que la medida es el preludio de una crisis profunda y duradera de las cuentas públicas provinciales.
En tal sentido, de forma aún no oficial han hecho saber que no permitirán que su sueldo sea reducido o abonado fuera de los plazos habituales, mientras al mismo tiempo el gobierno siga adelante con su iniciativa de nombrar a tres nuevos jueces de la Corte de Justicia.
Los disconformes con cualquier tipo de recorte en los salarios razonan de que en estos momentos, en que el Estado salteño no puede ni siquiera pagar lo que cuestan los reactivos necesarios para efectuar las pruebas del coronavirus, cualquier aumento del gasto público que no esté directamente orientado al combate contra la pandemia, no está justificado.
En este punto han puesto el acento sobre la anunciada designación de las señoras Adriana Rodríguez Faraldo y María Alejandra Gauffin y del señor Horacio Aguilar como nuevos jueces de la Corte de Justicia provincial.
Mientras tanto, el gobierno admite, de puertas hacia adentro, que no tiene forma de justificar el gasto que supone el funcionamiento de los tres nuevos jueces, su salario, el de sus secretarios y técnicos, y el del soporte administrativo necesario.
Si la crisis se prolonga y el gobierno provincial entra en números rojos a causa de la pandemia, la efectiva designación de Rodríguez Faraldo, Gauffin y Aguilar puede retrasarse meses o incluso años.