Porque si la historia del ser humano sobre la Tierra pudiera dividirse en dos grandes capítulos, junto al nacimiento del hijo del humilde carpintero de Nazaret se debería apuntar la fecha en que don Abel Cornejo Castellanos juró como Procurador General de la Provincia de Salta.
Si antes de esa fecha reinaban las tinieblas en los pasillos judiciales de Salta, hoy brilla en ellos, para el Procurador y para todos sus fiscales subordinados, esa «luz que no tiene fin», que tantas emociones provoca en la lectura diaria de las esquelas fúnebres.
Demás está decir que antes de que el Procurador llegara a su cargo (olvidémonos por el momento de la forma en que lo hizo), la investigación de todos los grandes crímenes irresueltos de Salta llevaban un curso desastroso. Los fiscales de antes -que son los mismos de ahora- no daban pie con bola y andaban más desorientados que rengo en tiroteo.
Y hablando de tiroteos, se daba en Salta la paradoja -caso único en el mundo- de que una bala perdida, en vez de acabar con la vida de un inocente transeúnte, acabó con todo un proceso penal, o lo volvió inútil, ya que quienes debían custodiar el proyectil para su posterior estudio pericial, lo extraviaron con cierta alegría y despreocupación, como si perder las evidencias fuese lo más normal del mundo.
Pero quizá lo más curioso es que, de golpe, empezaron a abrirse camino «nuevas pistas», especialmente en los casos de Gala Cancinos y Jimena Salas, pero también en otros. Sin dudas la llegada del Mesías a la Procuración General ha tenido, sobre algunas mentes confusas, el efecto destrancador de algunas tisanas.
Antes de eso, todos los fiscales eran planos, romos e inútiles; las investigaciones estaban estancadas («amesetadas», como diagnosticó el jefe) y muchos asesinatos horribles dormían en los cajones con pasmosa quietud. Ahora no solo se ha hecho la luz sobre ellos, sino que los investigadores se han vuelto súbitamente sagaces e inteligentes. No hay dudas de que al equipo fiscal le estaba haciendo falta un Cholo Simeone que les dijera «por aquí, hijitos».
Antes, el famoso Cuerpo de Investigaciones Fiscales era solo un inexperto laboratorio de aparatos caros manejados por improvisados que apenas si tenían idea de su utilidad. Todo el CIF era como una sofisticada Maserati, que en vez de ser manejada por un playboy en la Costa Azul francesa era conducida por un colectivero en Villa Lavalle. Hoy -después del nacimiento en Belén- el CIF se ha dejado de balbuceos y está codeándose con Scotland Yard.
Oreja y vuelta al ruedo
A pocos días de que los niños volvieran a las aulas, don Abel Cornejo ha iniciado el «año fiscal» exhibiendo su «dolorosa y lacerante» verba en dos importantes programas de televisión, que lo tuvieron a él como primer invitado. Nada extraño, por supuesto.Gracias a él sabemos ahora que en casi toda investigación importante hay «nuevas pistas». Tantas, que tendríamos ya para abrir un segundo aeropuerto en Salta, pero esta vez en la zona norte de la ciudad.
Pero sigue sin haberlas en el caso de las turistas francesas. Al menos eso es lo que dice el Procurador General, el mismo que en 2017, cuando era juez de la Corte de Justicia de Salta le echó la culpa de la impunidad del crimen de Cassandre Bouvier y Houria Moumni al Procurador General de entonces y a los fiscales (porque a ellos incumbe «velar por la legalidad y regularidad del procedimiento», decía). El mismo que en 2017 juró que los abogados del condenado Santos Clemente Vera se durmieron en los laureles y consintieron la sentencia de la Corte de Justicia que desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la bárbara sentencia condenatoria del Tribunal de Impugnación.
Hoy, el mismo magistrado, sentado en un sillón con mayor responsabilidad sobre el futuro del asunto, sostiene que los fiscales nada pueden hacer para reavivar la investigación de la violación, torturas y asesinato de las turistas francesas, porque «hay un recurso pendiente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación», que no es otro que el recurso que el entonces juez de la Corte de Justicia de Salta negó que hubiese sido interpuesto. En materia de asesinato de mujeres, no caben dudas de que en Salta hay víctimas de primera categoría y víctimas de segunda. Forman parte del segundo grupo aquellas cuyas familias no se avienen a sobarle la espalda al valiente luchador por los derechos de las mujeres indefensas y esperan -quizá inútilmente- que la ciencia criminalística y el Derecho resuelvan el problema, sin afectar garantías constitucionales.
Hablamos del mismo magistrado que en junio de 2019 adelantó a los medios de comunicación «anuncios espectaculares» en la investigación del asesinato de Jimena Salas y que nueve meses después claudica de un modo vergonzoso anunciando que enviará a juicio al presunto campana (y presunto perejil) Sergio Vargas y al viudo Nicolás Cajal, pero por delitos menores. Nunca antes se había escenificado en Salta una derrota tan sonora como esta.
Vargas será acusado de homicidio en calidad de partícipe secundario, cuando ni siquiera se tienen indicios de quién pueda ser el autor primario. Cajal será acusado formalmente de encubrimiento, sin que se sepa a quién encubre y por qué motivos lo hace. Cuando aquel juicio acabe, nadie sabrá quién mató a Jimena Salas ni el móvil del crimen. Pero todos -medios de comunicación incluidos- considerarán una victoria de la justicia el enjuiciamiento de estas dos personas, a pesar de que ni los fiscales a cargo de la investigación, ni su jefe, hayan podido finalmente echarle el guante al escurridizo viudo, como se daba por descontado allá por finales de mayo de 2019.
Eso sí, los fiscales se han preocupado de redactar un pedido de apertura de juicio oral en el que el viudo aparece retratado como un mafioso integral, y se le acusa (aunque sin acusarlo formalmente) de conductas muy graves como la obstrucción de la justicia, la manipulación de pruebas o la posesión de «bienes espurios». Aunque el viudo consiga sortear la acusación de encubrimiento, la condena social ya es irrecurrible. Antes que las pruebas materiales del delito, en Salta es más importante la íntima convicción personal del Procurador General. Si él dice que el viudo es culpable, aunque las pruebas no aparezcan, será culpable.
Y todo, mientras se lamenta que la fallecida «no tenga familia que impulse la investigación». ¿Pero es que acaso los fiscales necesitan del impulso procesal de los familiares de las víctimas para proceder hasta las últimas consecuencias? ¿Desde cuándo rige esa ley en Salta? ¿O será más bien que al Procurador General le gusta recibir en su despacho a los familiares para poder montar su show mediático? Si esto es realmente así -y hay muchas probabilidades de que lo sea- aquella frase de Discepolo («el que no llora no mama») merecería estar colgada en la entrada principal del edificio en el que se agolpan los fiscales, los buenos y los no tan buenos.