De no corregirse a tiempo esta visible anomalía, para que el próximo Gobernador de Salta tenga algún tipo de control sobre la cúpula del aparato judicial -que en el fondo es lo que se pretende- se deberá aumentar el número de jueces a 15 o a 17. Y así con el que le suceda. La bola de nieve ha echado a rodar en 2008.
Las soluciones a este grave problema no son muchas:
1. Reformar el artículo 140 de la Constitución de Salta para que un ciudadano solo pueda desempeñar el cargo de Gobernador de la Provincia una sola vez, sin posibilidad de reelección inmediata si el periodo de mandato es de cuatro años, y sin ninguna posibilidad de reelección si el periodo de mandato es de cinco años. El número de reelecciones no inmediatas deberá quedar fijado en uno.
2. Reformar todo el capítulo que la Constitución de Salta dedica a regular la composición y atribuciones del Poder Judicial del Estado, para que las funciones que actualmente ejerce la Corte de Justicia provincial de forma unitaria, concentrada y sin controles democráticos, se repartan entre (al menos) cinco órganos diferentes, formal y sustancialmente independientes, entre sí y respecto del poder político.
3. En caso de que tal división funcional se lleve efectivamente a cabo y se dé vida -entre otras nuevas instituciones- a un tribunal superior de justicia puramente jurisdiccional (esto es, sin funciones gubernativas, ni electorales, ni disciplinarias, ni constitucionales, ni legislativas), establecer en 15 años no renovables el periodo de desempeño de los jueces de este nuevo tribunal.
4. Reformar íntegramente el actual Consejo de la Magistratura para convertirlo en el Consejo Superior de la Magistratura de Salta, órgano que será de conformación plural y de inexcusable renovación periódica (es decir, no solo estará integrado por jueces y sus miembros solo podrán durar cinco años) y tendrá a su cargo el gobierno del Poder Judicial, incluido el ejercicio de la potestad disciplinaria. Este nuevo Consejo deberá validar la idoneidad de quienes aspiren a ocupar un cargo de juez en la Corte de Justicia de Salta y sean propuestos por las dos cámaras del Poder Legislativo, que a la postre será la única autoridad que podrá proponer los nombres de los nuevos magistrados, que deberán ser seleccionados entre juristas de reconocido prestigio y larga trayectoria.
La Corte de Justicia de Salta no es hoy por hoy un tribunal colapsado ni paralizado por el número de asuntos a resolver. Los siete jueces que actualmente la componen tienen a su disposición un pequeño ejército de secretarios y letrados auxiliares (que por cierto trabajan muy bien) y que son los encargados de despachar efectivamente los asuntos que llegan a la Corte. No se conoce que ninguno de los siete jueces actuales se dedique a escribir personalmente las sentencias que firma. La «agilización» de la justicia es, pues, un argumento falaz y oportunista, ya que «impartir justicia» es lo que menos hacen los actuales siete «supremos».
No nos engañemos. Si nuestro sistema constitucional permite hoy que cualquiera pueda ser juez de la Corte de Justicia de Salta (abogados con escasa o nula formación, que solo disfrutan de la confianza del Gobernador de la Provincia), aumentar constantemente el número de jueces de este tribunal, sin recortar sus poderes, acabará creando un monstruo incontrolable que se comerá a quien lo ha inventado. Seguir cebando a la Corte equivale a ponerse un revólver cargado en la sien y acariciar el gatillo.