Como cualquier otra ley sancionada por la Legislatura provincial, la 8173 no requiere de «implementación» de ninguna naturaleza, ya que su publicación en el Boletín Oficial es suficiente para que obligue a los poderes públicos a suministrar a los sujetos legitimados la información pública que le sea requerida.
Sin embargo, hoy mismo el portavoz de prensa del Poder Judicial salteño ha informado de dos reuniones mantenidas por jueces de la Corte de Justicia en relación con la aplicación de esta norma legal. Tanto la reunión como su objeto dan a entender que en el ámbito del Poder Judicial, o se están buscando atajos y chicanas para evitar el cumplimiento de la nueva ley, o que los jueces supremos andan un poco despistado de cara al cumplimiento de ciertas obligaciones que para ellos son bastante novedosas.
Una de estas reuniones ha tenido por interlocutor al presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, señor Esteban Amat Lacroix. La otra ha sentado a la mesa al ministro Secretario General de la Gobernación, señor Matías Posadas.
Sorprendentemente, la información oficial dice que las reuniones han tenido por objeto el análisis de «la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública».
Como suele se habitual en este tipo de encuentros, la información oficial no da ni la más mínima pista acerca de las opiniones o pareceres que los asistentes a la reunión han sustentado en relación con el tema abordado.
Lo que no es habitual es que la Corte de Justicia opine sobre la «implementación» de una ley de la Legislatura, ya que su cometido, como la de cualquier órgano jurisdiccional en relación con las leyes, es la de cumplirlas y hacerlas cumplir, sin excusas y sin excepciones.
Pero se da la casualidad de que solo doce días antes de la promulgación de la norma de adhesión, la misma Corte de Justicia despachó una solicitud de información pública dirigida, entre otros extremos, a conocer la cuantía de las remuneraciones que perciben los jueces de aquel tribunal con una sospechosa negativa.