No será un juicio por jurados en sentido estricto, pero el mecanismo se le parece bastante. Así lo ha resuelto el magistrado Ángel Amadeo Longarte, integrante de la Sala II del Tribunal de Juicio de la ciudad de Salta, ante quien tramita el proceso de acción de amparo incoado por un abogado local contra las obras que el gobierno de Salta realiza en las calles peatonales del centro de la ciudad de Salta. Acorralado por la realidad, el juez ha resuelto tirar por la calle del medio, y antes de mojarse con un juicio ecuánime que, casi con seguridad, dejará descontentos tanto a unos como a otros, ha trasladado al soberano la carga de resolver la controversia.
Aunque el interés público del asunto es evidente, muchos se preguntan por qué los ciudadanos/internautas no son consultados también por los jueces cuando tienen que resolver otros asuntos, como las agresiones de gitanas a punta de cuchillo, el desbaratamiento de bocas de expendio con 2,5 gramos de marihuana o el pago a los docentes de los días no trabajados por huelga. Los amparos serán populares o no serán nada.
El argumento del magistrado -basado en la democracia participativa, la búsqueda de consenso y la conciencia comunitaria- resultan aplicables a cualquier controversia, de forma tal que, de generalizarse la propuesta de Longarte, muchos jueces y juezas se habrán convertido en inútiles. Una consulta popular no vinculante puede tranquilamente hacer su trabajo, con menos burocracia y, sobre todo, sin necesidad de redactar sentencias farragosas, barrocas e ininteligibles.
Expertos desautorizados
Lo más preocupante de la resolución de Longarte es que la pregunta que se formulará a los ciudadanos («¿considera que el proyecto propuesto preserva el Patrimonio Arquitectónico, Cultural e Histórico del Casco Céntrico de la Ciudad de Salta?») comporta una bofetada a los expertos en la materia, que, para más afrenta, ya han sido escuchados por el mismo juez en una pomposa audiencia pública celebrada a tales efectos.La consulta popular longartiana viene a decir más o menos lo siguiente: «Ya que estos señores que se han quemado las pestañas estudiando durante décadas no me han convencido en absoluto, voy a consultar a gente que no tiene ni siquiera el certificado de séptimo grado, a ver si con ellos encuentro la solución para este asunto tan delicado».
En consecuencia, en nombre de la justicia y de la democracia participativa, quienes decidirán el futuro de las peatonales de Salta serán unos señores que deberán aprender en tres días lo que a la UNESCO le ha llevado varias décadas: determinar el concepto de patrimonio cultural.
Aunque la solución del juez no parece mala de suyo, es posible que -de tener éxito- algún extremista proponga luego cerrar por inútiles las facultades de arquitectura o al menos las cátedras de historia del arte.
Mecanismo de la votación
Los interesados en pronunciarse sobre nuestro patrimonio arquitectónico, cultural e histórico, podrán hacerlo, desde hoy y hasta el próximo día lunes 15 de diciembre a las 13, en la página web del Poder Judicial de Salta, y fijarse en un enlace relacionado con la causa 118745/14.Allí, antes de decidir el futuro de la humanidad, podrá solazarse con el visionado de un clip que resume las líneas maestras del nuevo proyecto propuesto para la obra, cuya paralización fuese ordenada con carácter cautelar por el juez Longarte, antes de resolver la cuestión.
Lo que no ha informado el Poder Judicial es que la encuesta oficial contenga una opción en un lenguaje popular y reconocible que permita a los ciudadanos decirle al juez: «Oiga, lo que Su Señoría llama patrimonio arquitectónico, cultural e histórico de Salta no existe, no sirve p'aca»