Como viene sucediendo con cierta regularidad desde que el pasado mes de junio el procurador general Abel Cornejo Castellanos señaló sin ambages al marido de la víctima como autor mediato o inmediato del asesinato de su propia esposa, los fiscales por él designados se han valido otra vez de la activa usina de prensa del Ministerio Público Fiscal salteño para maniobrar en perjuicio del imputado Nicolás Cajal Gauffin.
Lo han hecho, otra vez, pasando por encima de la rigurosa prohibición legal del artículo 263 del Código Procesal Penal de Salta, que veda de forma absoluta al fiscal la posibilidad de efectuar apreciaciones sobre la participación o culpabilidad de las personas sometidas a proceso hasta el momento procesal del requerimiento de juicio.
Quien tiene bastante claro que los fiscales han cruzado una peligrosa línea es el abogado de Cajal, Pedro Javier Arancibia, para quien el Ministerio Público Fiscal, sin concretar ninguna medida procesal y sin que se produzcan avances de ninguna naturaleza en la investigación, está generando «de manera totalmente irresponsable» noticias falsas e imprecisas que no persiguen otro propósito que dañar a su defendido, minando su moral y desacreditándolo ante la opinión pública mediante la difusión de sospechas infundadas.
Arancibia habla de «una nueva maniobra de manipulación informativa» y señala como responsables de ella no solo a los fiscales del asunto, sino también al Procurador General de la Provincia, que, como se sabe, controla estrechamente la información que sus subordinados difunden a los diferentes medios de comunicación. Arancibia tiene claro que Salinas Odorisio y Torres Rubelt están siguiendo a pie juntillas el guion impuesto por Cornejo desde la cúpula y parece estar convencido de que el Procurador General ha convertido el tristísmo homicidio de Jimena Beatriz Salas en su particular escaparate de exhibición personal.
Para el abogado, Cornejo «intenta llevar rápidamente el caso a juicio con lo primero que tenga a mano». Al mismo tiempo, el letrado afirma que los fiscales asignados al asunto «no se tienen fe en su empeño de encontrar a los autores del crimen».
A pesar de la intoxicación informativa y del daño que la maniobra supone para la presunción de inocencia y el ejercicio regular del derecho de defensa, Arancibia ha dicho que lo primero que se plantea es seguir colaborando con la justicia, sin importar cuán ridículos y extravagantes sean los juicios incriminatorios deslizados por los fiscales.
«Estamos en todo momento dispuestos a responder a las preguntas e inquietudes de la Fiscalía, como lo hemos venido haciendo todo este tiempo». Lo hacemos -dice el letrado- «con la tranquilidad que nos proporciona saber que Nicolás Cajal no tiene absolutamente nada que ver con el crimen de su esposa».
Frente a las últimas «revelaciones» de los fiscales, Arancibia recuerda que en ningún momento Nicolás Cajal ocultó nada y que nunca se negó a declarar. Sobre las nuevas conjeturas en torno a un maletín hallado en la vivienda en donde se cometió el crimen, Arancibia recuerda que tal maletín no es un elemento nuevo porque fue secuestrado por la autoridad al comienzo de la investigación y que Cajal declaró siempre ante los fiscales que dentro del mismo no había dinero sino papeles.
En referencia a lo que sostienen Salinas Odorisio y Torres Rubelt en torno a la intervención del maletín, sometido al olfato de unos perros entrenados, Arancibia aclara que «lo único que han podido detectar los perros cuando se hizo el análisis fue que ese maletín alguna vez contuvo dinero». El letrado afirma que los perros han reaccionado positivamente porque el olor del dinero persiste aun después de que haya sido retirado, pero que los animales no pueden precisar, por razones bastante obvias, en qué momento hubo dinero en el interior del maletín y en qué cantidad. Aunque, si pudieran hacer algo como esto -dice- tampoco sería posible saber con exactitud cuál es la relación entre el dinero que alguna vez pudo contener el maletín y el móvil del crimen.
Para el abogado, esta nueva embestida de los fiscales está más cerca del sensacionalismo que de la seriedad procesal. Según el letrado, han transcurrido seis meses desde que Cornejo anunciara con titulares de catástrofe que se iban a producir en el caso de Jimena Salas «anuncios espectaculares» e «imputaciones explosivas» y es por ello que ahora la pareja fiscal, para evitar caer en el descrédito o el ridículo, parece empeñada en buscar al autor o los autores del asesinato entre las personas del círculo más íntimo de la fallecida.
«Es decir, que le quieren dar a la investigación un cierre bastante clásico. Y puede sonar creíble, puesto que hay una enorme mayoría de personas que se presta a leer este tipo de información y que desconoce en realidad las actuaciones y diligencias que se han practicado en el expediente. La gente opina sobre el asunto y las informaciones sesgadas e imprecisas de este tipo -por no mencionar las falsas- solo contribuyen a generar en la sociedad una expectativa que está muy alejada de lo que hay en el expediente y la investigación», afirma el letrado.
Arancibia pone como ejemplo la afirmación de los fiscales en el sentido de que Cajal Gauffin llamó por teléfono a su jefe en Buenos Aires «minutos después de haber hallado el cadáver de su esposa». Los fiscales hablan de «minutos», pero se cuidan muy bien de decir cuántos. Según el letrado, no es lo mismo decir un par de minutos después que decir 60 minutos después. Y recuerda que Cajal solo llamó a Buenos Aires después de hablar con la madre de su esposa, con sus parientes más próximos y con sus amigos.
No obstante, Arancibia no cree que el asunto se encuentre empantanado por la falta de independencia judicial o por la interferencia del poder político. Al contrario, afirma el letrado que se está haciendo un «uso político» de una tragedia personal y familiar, puesto que a través de la manipulación, se intenta hacer aparecer la gestión de Cornejo como la de un eficiente y puntilloso investigador, como la de un activo enemigo de la impunidad y como la de un «reactivador milagroso» de causas estancadas. «De pronto, transcurridos dos años» -dice Arancibia- «salen a la luz de forma mágica cosas que antes no se sabían».
Arancibia ha adelantado finalmente que comparecerá por escrito ante el Juez de Garantías, Héctor Martínez, para denunciar este nuevo exceso de los fiscales del asunto y para pedir también que se adopten respecto de ellos las medidas que resulten necesarias para evitar que en el futuro se vuelva a difundir informaciones que exceden con creces el estrecho marco previsto y definido en el artículo 263 del Código Procesal Penal de Salta.
Para el letrado, esta escalada de intoxicación informativa no solamente lesiona derechos fundamentales como el de la presunción de inocencia y el debido proceso, sino que también provoca un daño inhumano y desproporcionado a una persona contra la cual los fiscales aún no han podido reunir la evidencia necesaria para poder privarlo de su libertad, sin contar con la crueldad que este despliegue de maldad supone para las pequeñas hijas de la víctima.